Revire del 21 de enero de 2019

La tragedia en Tlahuelilpan, donde fallecieron 79 personas y unas 75 resultaron heridas al explotar una toma clandestina en un gasoducto, es la consecuencia de un problema gravísimo, añejo y multifactorial. Empezando por la actividad de los grupos criminales, pasando por la corrupción y complicidades en Pemex, el sindicato petrolero, y funcionarios de alto nivel en diversos sexenios, así como la negligencia en las operaciones de la empresa productiva del Estado, conformaron, todo, un panorama diabólico al que hoy intenta combatir el nuevo gobierno. El robo de gasolinas y diésel es un “negocio” planeado a la perfección por el crimen organizado; las utilidades que genera son multimillonarias, de ahí las resistencias. La base social creada y alentada por los delincuentes –al igual que en la siembra de la amapola y mariguana-  protege la ilícita actividad. La gente de las zonas “huachicoleras” vive de esto y no duda en arriesgarse.   

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