Revire del 18 de mayo de 2016

La justicia se ha convertido en la deuda más grande del Estado mexicano con los ciudadanos. Quienes tienen la tarea de procurarla y aplicarla han hecho de tan noble encomienda un lucrativo e inmoral negocio. Ministerios públicos corruptos, jueces que tuercen sentencias a cambio de un puñado de billetes -cual vulgares rameras-, magistrados favoreciendo a quien no deberían o sometiéndose a las órdenes de los otros poderes de la Unión, han dado al traste con la impartición de justicia en el país. Es tanta la podredumbre, que faltaría espacio en este editorial para enumerar los ignominiosos casos como el de Florence Cassez, Caro Quintero, y  la hija de Nelson Vargas, entre muchos otros. Ayer, Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, denunció la liberación de otro secuestrador: Raúl Martínez Gutiérrez, implicado en el plagio y mutilación de las tres hermanas Laguna Aburto. Así la cloaca judicial en México.

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