Revire del 17 de enero de 2017

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se acostumbró a transitar por caminos de opacidad ante los ojos de la opinión pública. Aún no se olvida, entre otros casos, el de la francesa Florence Cassez, sentenciada a 60 años de cárcel por el delito de secuestro y que por una decisión bastante cuestionada del máximo tribunal fue liberada en enero del 2013. La duda pareciera ser una constante en el actuar de la SCJN, cuyos fallos, en no pocas ocasiones, han resultado muy controvertidos. Además, la percepción general es que está subordinada al Poder Ejecutivo. Hoy, la Corte se pone nuevamente en el ojo del huracán pues ha informado que no revisará amparos en contra del “gasolinazo” bajo el argumento de que “resulta incompetente para conocer las demandas de amparo”. Resulta sospechoso el pretexto y lleva a pensar si así fue la orden desde Los Pinos. Aumenta el desprestigio.    

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