El respeto a los derechos humanos debe estar presente en las políticas públicas

Las políticas públicas deben tener como eje central el respeto de los derechos humanos para que todos los programas y acciones de gobierno garanticen y protejan las garantías individuales, en especial entre los sectores más vulnerables de la población, asegura la maestra Abigail Rodríguez Nava, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La investigadora del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco expone que el diseño de aquéllas debe partir de un diagnóstico de la problemática que afronta la gente y de su contexto social, ponderando aspectos económicos, políticos y culturales al elaborar programas oficiales con base en los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia e inalienabilidad.

En su artículo Construyendo políticas públicas con enfoque de derechos humanos reconoce la necesidad de incluir en los proyectos estrategias transversales que propicien la adopción de los principios de igualdad; no discriminación; perspectiva de género, y la coordinación interinstitucional, así como la introducción de mecanismos de evaluación que no se limiten a cuantificar los apoyos otorgados sino que evalúen el impacto entre las personas.

En opinión de la maestra por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, México), las políticas públicas con enfoque de derechos humanos deben eliminar la discriminación estructural que han padecido grupos sociales en condiciones de vulnerabilidad por razones de género, edad, preferencias sexuales, condición migratoria, etnia y situación económica.

“El gobierno ha sido muchas veces omiso ante la discriminación en sus lineamientos institucionales, lo que ha conducido a tortura, desapariciones forzadas, feminicidios y distintas formas de discriminación”, ante lo cual la maestra Rodríguez Nava propone construir programas que favorezcan la igualdad, tanto de oportunidades como sustantiva, la cual implica dotar de capacidad de decisión y respeto la dignidad de los individuos.

En 1993, con la Declaración y Programa de Acción de Viena de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos –que reforzó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta de las Naciones Unidas– 171 naciones reconocieron la universalidad de dichas garantías y asumieron el compromiso de construir las medidas para asegurar su disfrute, aceptándose como pertinentes e indispensables los instrumentos jurídicos internacionales de protección.

La profesora de la UAM precisa que los programas de transferencias públicas a sectores focalizados de la población para facilitar el acceso a ciertos bienes y servicios son oportunos cuando se trata de acciones afirmativas que pretenden lograr la igualdad sustantiva o eliminar la discriminación estructural y, por tanto, propiciar cambios efectivos de largo plazo, pero advirtió que aquéllos no deben plantearse ni funcionar con carácter asistencialista ni con efectos de corto plazo.

En México hay avances en el reconocimiento de los derechos humanos con la reforma del año 2011 a la Constitución Política y la Carta de Derechos de la Constitución Política de la Ciudad de México. En el primer documento se transitó hacia el reconocimiento de los derechos inalienables, se precisaron las obligaciones del Estado en la materia y se admitió el carácter vinculante de los tratados de alcance global.

La Constitución de la capital ha sido pionera en la inclusión de derechos a la Ciudad, la vida digna, el desarrollo sustentable, el espacio público, el medio ambiente sano y la buena administración pública.

Este enfoque en las políticas públicas no debe traducirse en catálogos de buenas intenciones, ya que su inclusión en la legislación y la orientación de los planes de gobierno ha sido un primer avance, al igual que la renovación de las reglas de operación de varios de éstos, concluye.

*Fuente del texto: UAM*

**Foto: cortesía BTU**