¿Qué y cómo los mató?

Autor: Saúl Arellano

Ha sido una constante del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), mejorar los procesos de generación de estadística en los diferentes rubros en que tiene el mandato constitucional y legal de hacerlo. Uno de ellos, es el relativo a la mortalidad, y en particular, a las defunciones por casusas externas, es decir, la mortalidad accidental y violenta en el país.

De manera reciente, el Instituto ha acelerado los procesos de integración de datos relativos a estas causas, y semestralmente informa, ante la gravedad y magnitud de lo que ocurre en el país, estadísticas preliminares sobre el número de personas que fallecen por homicidio intencional, accidentes y suicidios. Adicionalmente, y en ello radica el interés de este texto, se han dado a conocer los datos relativos a las defunciones por causas externas (es decir, lesiones), pero cuya intención no está determinada.

Recuérdese que, a diferencia del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la integración de datos del INEGI utiliza una mayor cantidad de fuentes. Mientras que el primero utiliza predominantemente víctimas registradas en carpetas de investigación de las Fiscalías estatales -y de la Fiscalía General de la República en el caso de homicidios cuya investigación corresponde al fuero federal-, el INEGI utiliza adicionalmente los certificados de defunción emitidos por la Secretaría de Salud, los registros de las oficinas de los Servicios Médicos Forenses en los estados, así como las Actas de Defunción del registro Civil.

El INEGI cuenta además con un equipo de expertas y expertos que analizan la información asentada en todos estos documentos, y con base en ellos, tomando en cuenta una perspectiva de salud pública, determinada por la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), establece cuáles son las causas probables de las defunciones y produce los datos en la materia.

Respecto de las defunciones de intención no determinada cabe decir que, en tanto que el INEGI no es una autoridad ministerial, no podría asignar la categoría, por ejemplo, de homicidio; es decir, aún cuando los registros digan que el cadáver tenía cinco perforaciones de balas, al no existir una clasificación judicial al respecto, el INEGI no pude asumir, para fines de la estadística oficial, que esos son casos de homicidios intencionales, por ejemplo.

Cabe decir entonces, que entre los años de 2013 al 2018, se tiene un registro de 257,942 personas fallecidas por eventos de intención no determinada; esto equivale a un promedio de 4,657 casos por año; cifra nada menor porque si se asumen los casos de personas que fallecieron por disparo de arma de fuego o por arma blanca, la cifra probable de homicidio doloso se incrementaría de manera importante en el país.

Por otro lado, si se toma como referencia al periodo de 2018 a 2020, la cifra oficial del INEGI es de 17,505 personas fallecidas por eventos de intención no determinada; es decir, el promedio anual creció a 5,835 víctimas probables, lo que representa un incremento de 25.3%. El año que tiene el registro más elevado es el de 2019, cuando se contabilizaron 6,376 personas fallecidas por lesiones cuya intención no fue determinada por alguna autoridad ministerial o judicial.

La comprensión del fenómeno de la violencia implica un conocimiento estadístico de cada vez mayor precisión; porque esto permite mejorar los diagnósticos y, con ellos, podría mejorarse también la capacidad de planeación, diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.

Visto por entidades de la República, los que concentran el mayor número de casos para el periodo 2018-2020 son: Ciudad de México, con 5,158 personas fallecidas; Estado de México, 3,729; Jalisco, 1,765; Michoacán, 1,052; Guanajuato, 766; Veracruz, 646; Puebla, 571; y Baja California, 463. Así, dado que los casos no tienen una correlación con la magnitud poblacional de los estados, es posible suponer, de manera hipotética, que los casos no se distribuyen al azar; y si esto es así, debería haber una causa explicativa de por qué en determinado territorio, se está teniendo esta magnitud en las estadísticas.

Lo que es evidente es que se trata de procesos administrativos que, pensando de buena fe, corresponden mayoritariamente a errores de registro. Pero en un país donde el criterio de la oportunidad político-electoral es determinante, también podría considerarse, a manera de hipótesis, la posibilidad de una deliberada intención de no integrar adecuadamente los registros administrativos a fin de tener estadísticas artificialmente más bajas que la realidad.

En cualquier caso, lo que estas estadísticas nos muestran es que a nuestro país le urge tener mucho mejores sistemas de registro estadístico en lo que se refiere a la mortalidad violenta; pues en buena medida, la pacificación del país depende de la capacidad de explicación y, por lo tanto, de acción, que tengamos frente a ese complejo fenómeno.

Como último apunte es importante considerar también el fenómeno de las fosas clandestinas, y de las cuales, año con año se rescatan cientos de cuerpos. Es probable que muchos de los casos que caen en el registro de los eventos de intención no determinada estén vinculados a esta siniestra realidad que está por todo el país.

Lo esperable sería, para este año, que las cifras disminuyeran; que tengamos menos casos respecto de los cuales no puede determinarse la intención de las causas de muerte; porque de lo contrario, seguiremos acumulando, de manera a todas luces injustificada, miles de casos de víctimas sobre las que siempre quedará la duda de ¿qué, quién y cómo los mató?

Investigador del PUED-UNAM

*Nota del editor: imagen en portada: especial Internet*