Ocho mil indígenas presos en el país, con procesos irregulares y violaciones a sus derechos

Por Redacción

Actualmente más de 8 mil indígenas se encuentran privados de su libertad, tras enfrentar procesos irregulares y violaciones a sus derechos humanos. “El Estado no asegura un proceso adecuado de acceso a la justicia, al carecer de suficientes intérpretes y defensores, aunado a que el documento de su declaración inicial no está escrito en su lengua original”, denunció el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), la mayoría de los indígenas presos provienen de comunidades de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Guerrero, Ciudad de México, Yucatán, Chihuahua, Hidalgo, San Luis Potosí y Estado de México.

Por ello, el legislador impulsa una iniciativa en la Cámara baja para que los escritos de declaración preparatoria y cualquier otro documento que requiera rúbrica durante su proceso, se realicen en la lengua que hable el imputado.

Es necesario precisar que la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 113, señala que en caso de no cumplir con lo establecido en el párrafo anterior, los documentos carecerán de validez.

Ralis Cumplido, señaló que existen indígenas en los reclusorios cumpliendo condenas excesivas por delitos menores, por firmar sin saber qué decía el documento de su declaración inicial y no contar con una defensa adecuada.

“De nada sirve que existan leyes que reconozcan los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, cuando en la práctica sabemos que es un tema pendiente”, afirmó el diputado y agregó que “ser indígena muchas veces es sinónimo de discriminación, vejaciones, impunidad y criminalización”.

“A pesar de que la Constitución en su artículo 17, establece el derecho de toda persona a la administración e impartición de justicia por medio de tribunales, en la práctica las deficiencias son enormes para la población en general y aumentan aún más para los indígenas”, dijo.

Ello deriva del hecho que son víctimas de discriminación, abuso, vejaciones, falta de intérpretes y defensores, procedimientos lentos, juicios llenos de irregularidades, sentencias severas en proporción al delito e ignorancia por parte de los prestadores de servicio respecto a los usos y costumbres de la comunidad.

Asimismo, los encargados de impartir justicia carecen de una preparación adecuada y falta de sensibilidad, que garantice a los indígenas un proceso justo, acotó el impulsor de la propuesta.

Finalmente, aseguro que esta situación genera que muchos se encuentren privados de su libertad, criminalizados desde el momento de su detención; tal es el caso de Pedro Gatica, quien estuvo 11 años en prisión preventiva y los hermanos Sebastián y Marcial Zúñiga, quienes al igual que su padre permanecieron 10 años presos acusados de un delito que no cometieron, manifestó.