Ley de Seguridad Interior: desesperada, regresiva y contraproducente, acusan

La discusión y posible aprobación en el Congreso de la Ley de Seguridad Interior, enfrenta fuerte resistencia de organismos sociales agrupados en el colectivo #SeguridadSinGuerra, además de los abyectos oportunistas que pretenden llevar agua a su molino, como el nefasto Gerardo Fernández Noroña, un vividor de la política que nada aporta a ella y en cambio la denigra aún más.

A pesar de los infaltables jaloneos entre legisladores y sus críticos acérrimos, es innegable que dicha ley –que ya fue aprobada fast track por los diputados-, podría ofrecer un marco jurídico para normar la actuación del Ejército en el combate al crimen organizado, pero si no viene acompañada de un proceso de escrutinio, conformación de instancias de seguimiento y garantías de observación y respeto a los derechos humanos podría dar pie a actuaciones discrecionales y arbitrarias sin rendición de cuentas, como lo advierte Pedro Isnardo de la Cruz, académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM.

Diversos sectores de la sociedad han insistido que la Ley de Seguridad Interior tiene como objetivo principal militarizar al país previo a las elecciones presidenciales del año próximo, -en conjunto, las más grandes de la historia mexicana- lo cual es negado una y otra vez por el gobierno federal,

“De pasar con sus características actuales existe el riesgo de que el Ejército sea empleado en momentos electorales críticos (como el que se avizora en 2018) y, en ese sentido, que dicha institución obedezca consignas o responda a una direccionalidad electoral equivale a pervertir no sólo su lugar en la guerra contra el narcotráfico, sino su papel en la democracia mexicana”, alerta Isnardo de la Cruz.

No han faltado los organismos internacionales que expresaron ya su preocupación por los términos en que se avale y el uso inadecuado que, en la práctica, pudiera darse a la mencionada ley.

Sin embargo, el universitario, experto en asuntos de seguridad nacional, señala que no se debe desestimar este esfuerzo, pues se trata de una ley necesaria ya que las fuerzas armadas deben ofrecer un diagnóstico de su intervención en la guerra contra el crimen organizado, su opinión sobre la ruta a seguir y una valoración sobre la narcoeconomía y la capacidad del narco para corromper a gobiernos, empresarios y poderes públicos.

No obstante, alerta De la Cruz, “detrás de esta aprobación acelerada y por mayoriteo de la Cámara de Diputados se aprecia una urgencia política y una necesidad de legitimar al Ejército ante potenciales escenarios de violación de los derechos humanos”.

Todavía faltan muchas acusaciones entre los grupos antagónicos que radicalizan sus posiciones ante el inminente fin del periodo ordinario de sesiones en la Cámara alta, por lo pronto, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, no se anduvo por las ramas, y calificó a la Ley de Seguridad Interior como desesperada, regresiva y contraproducente. De este calibre los ataques.