Ley de Desaparición Forzada ordena cárcel hasta por 60 años; 50% más si la cometen policías

La nueva Ley  de Desaparición Forzada de Personas, establece penas que van de 40 a 60 años de prisión, y de diez mil a 20 mil días multa para quien cometa el delito de desaparición forzada de personas. En el caso de la desaparición cometida por particulares, las sanciones aplicables serán de 25 a 50 años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa.

Así lo señala la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, promulgada la semana pasada por el Ejecutivo Federal.

Desaparición forzada constituye uno de los delitos más abominables que existen en el mundo, y en México es un crimen que ha crecido de manera exponencial en las últimas décadas ante el desinterés gubernamental. Ha sido la sociedad y diversas ONG, nacionales y extranjeras, quienes obligaron a que en las instancias oficiales y el Congreso se abordara tan escabroso tema.

En la nueva disposición legal, se considera la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Comisión Nacional de Búsqueda y un Consejo Ciudadano. Además, autoriza contar con el apoyo de un Banco Nacional de Datos Forenses, un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, un Registro Nacional de Fosas, Alerta Amber, así como con protocolos homologados de búsqueda y los previstos en el artículo 73 de la Ley.

Igualmente, instituye la distribución de competencias y la coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a las personas desaparecidas y no localizadas y esclarecer los hechos. De igual forma, destaca garantizar la protección integral de los derechos de las personas desaparecidas hasta que se conozca su suerte o paradero; así como la atención, la asistencia, la protección y, en su caso, la reparación integral y las garantías de no repetición, en términos de esta Ley.

Otro mandato a enfatizar dentro de la nueva ley es que establece la forma de participación de los familiares en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de personas desaparecidas y no localizadas; así como la coadyuvancia en las etapas de la investigación, a fin de que expresen sus opiniones, reciban información y aporten indicios o evidencias.

Para quienes incurran en el delito de desaparición forzada, las sanciones aumentarán hasta en una mitad cuando la persona muera, sea migrante, niña, niño o adolescente, mujer, mujer embarazada, persona con discapacidad o persona mayor, perteneciente a un pueblo o comunidad indígena, o periodista o defensor de derechos humanos.

Se aplicará el mismo criterio anterior cuando el o los victimarios sean integrantes de las instituciones de seguridad pública, o cuando los autores tengan vínculos de parentesco, amistad, relación laboral o de confianza con la víctima, o que el propósito sea impedir que las autoridades competentes conozcan de la comisión de otros delitos.

*Foto: Especial¨*