La magnitud de la extorsión

Autor: Saúl Arellano

El día 12 de agosto de 2021, el Magistrado Javier Laynez Potisek emitió un comunicado, que incluso fue publicado en la cuenta oficial de Twitter de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (https://twitter.com/SCJN/status/1448076657198256132). En el mismo, denuncia lo que, al parecer, fue un acto de extorsión de la policía municipal de Torreón, Coahuila, la cual le exigió a sus familiares el pago, según lo dicho por el magistrado, de $6,500 pesos estrictamente en efectivo.

En esta ocasión, fue un alto funcionario del Poder Judicial quien aparentemente fue extorsionado; y es la misma y dura realidad que día a día viven miles de personas en todo el territorio nacional.

El artículo 390 del Código Penal Federal define a la extorsión, como el acto en el cual, “quien sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, para obtener un lucro para sí o para otro, o causando a alguien un perjuicio patrimonial…”. Este delito se sanciona con una pena que va de dos a ocho años de prisión.

Al respecto es importante decir que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el año 2019 se iniciaron 8,523 carpetas de investigación por el ilícito señalado, es decir, 23.3 cada día o casi un promedio de un caso denunciado cada hora. Para el año 2020, la cifra se redujo ligeramente llegando a 8,378; esta cifra es equivalente a 22.9 casos por día.

A fin de comparar lo que ocurrió esos años, respecto de lo que está pasando en 2021, es importante decir que, entre los meses de enero y agosto del 2019, se tenía un registro de 5,859 víctimas de este delito; en el mismo periodo, pero del 2020, la cifra fue de 5,628; mientras que, en contraste, entre enero y agosto del 2021, la cifra es de 6,126, es decir, 8.8% más respecto de 2020, y 4.55% superior a la cifra del 2019.

Es importante destacar además que, medido por tasas de incidencia delictiva, en el año 2018 se tuvo un indicador de 5.5 víctimas de extorsión por cada 100 mil habitantes, siendo los estados con peores indicadores Baja California, con una tasa de 25.8; Zacatecas, con 14.8; Tabasco, 13.1; Nuevo León, 10.5 y Aguascalientes, 10.

Para el año 2019, el panorama nacional tuvo un cambio importante, pues la tasa promedio del país fue de 7.11 víctimas por cada 100 mil habitantes, siendo los peores estados: Baja California Sur, Zacatecas, Quintana Roo, Estado de México y Querétaro.

Para el año 2020 la tasa promedio del país fue de 6.64 víctimas por cada 100 mil personas, con los peores indicadores en los estados de Zacatecas, con una tasa de 23 víctimas por cada 100 mil habitantes; Estado de México, 18: Querétaro 12.9; Colima, 12.48; Quintana Roo, 11.49 y Baja California Sur, 11.06. Finalmente, en los primeros 8 meses del año 2021, la tasa que se tiene registrada ya es de 4.75 casos por cada 100 mil personas; y los estados donde se han registrado los peores valores son: Zacatecas, con una tasa de 19.37; Estado de México, con 12.81; Querétaro, 9.01; Colima, 7.15; Nuevo León, 6.74; Baja California Sur, 6.7 y Veracruz, 6.15 víctimas por cada 100 mil habitantes.

Ahora bien, de continuar la tendencia de este año, el número absoluto de carpetas de investigación podría llegar a una suma de aproximadamente 9,190, lo cual sería equivalente a una tasa promedio nacional de 7.29 víctimas por cada 100 mil habitantes, lo que constituiría un récord para el país, y quizá también habría récords históricos para las entidades con peores valores.

El caso del magistrado Laynez constituye un evento de suma preocupación, porque si un mensaje queda a la ciudadanía es que nadie está a salvo de este delito, el cual se comete tanto por autoridades, como por grupos del crimen organizado, los cuales en la inmensa mayoría de los casos gozan de plena impunidad.

En efecto, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE, 2021), si la cifra negra es tremendamente elevada en el país, al haberse situado en un 93.3%, el delito de extorsión es precisamente en el que se registran los niveles máximos, con un 97.9% de no denuncia. Es decir, de cada 100 extorsiones, solo dos casos se convierten en una denuncia ante el Ministerio Público. Para colmo, del total de delitos denunciados (178,076 en todo el país), sólo en el 54.9% de los casos se inició una carpeta de investigación.

Como se observa, las cifras del INEGI difieren enormemente de las que proporciona el Secretariado Ejecutivo, lo cual evidentemente es indicativo de que en el país hay un severo problema, tanto de cifra negra como de subregistro en los sistemas de captura y clasificación de las fiscalías estatales.

Así, de acuerdo con la ENVIPE, las entidades con mayor proporción de cifra negra en el delito de extorsión son: Aguascalientes, Tlaxcala y Sonora, con un 100% de delitos No denunciados; Guerrero, con el 99.8%; Puebla y Sinaloa, 99.4% cada uno; mientras que, en Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí y Baja California Sur, el porcentaje es de 99.1, en cada uno.

La impunidad se mantiene; los abrazos siguen como política de seguridad del estado, y enfrente, la ciudadanía, incluido un magistrado, se mantiene inerme ante este delito.

Investigador del PUED-UNAM

www.mexicosocial.org  

*Nota del editor: imagen en portada: especial Internet*