El Estado debe reconocer oficialmente el desplazamiento forzado en México: CNDH

El desplazamiento forzado en México es un fenómeno no reconocido oficialmente por el Gobierno, a pesar de estar directa e indirectamente vinculado a distintas violaciones a los derechos humanos, afirmó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Al presentar este miércoles el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en México (DFI), el Organismo Nacional señaló que busca exponer y visibilizar dicho flagelo, provocar la acción estatal en favor de la prevención y establecer esquemas de atención a las víctimas bajo un perfil humanitario, con acciones efectivas y soluciones duraderas, para el retorno de las personas desplazadas a su lugar de origen o su reasentamiento.

Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión, enfatizó: “Es preciso elaborar un diagnóstico nacional y oficial sobre el desplazamiento forzado interno en México, como una herramienta fundamental para la construcción de políticas públicas y programas eficaces, abordando sus consecuencias sociales, económicas, jurídicas y políticas en el país. En este sentido, la realización de un levantamiento censal que contemple el desplazamiento forzado interno sería de gran relevancia”.

Asimismo, destacó que “la violencia, la inseguridad, la impunidad y, en términos generales, la debilidad de nuestro Estado de derecho y la falta de condiciones adecuadas para el debido desarrollo de las personas, han propiciado que en diversas regiones del país, un número considerable de mexicanas y mexicanos abandonen sus lugares habituales de residencia para buscar no sólo mejores condiciones de subsistencia, sino muchas veces cuestiones tan básicas como preservar su vida e integridad física, así como la de su familia”.

En conferencia de prensa efectuada en las instalaciones de la CNDH en el Centro Histórico de la Ciudad de México, González Pérez señaló que por las características propias del fenómeno no existe información completa, actualizada y verificable sobre el número de personas víctimas de desplazamiento forzado interno en México, cuya magnitud y alcances reales aún deben investigarse y determinarse de manera objetiva e integral.

Para el Ombudsman, “Las dificultades para abordar este tema empiezan desde el hecho de que no exista dentro del sistema jurídico mexicano, una norma que establezca qué debemos entender por desplazamiento forzado interno o que establezca un marco de actuación frente al mismo. Quien sufre un desplazamiento forzado en nuestro país queda en vulnerabilidad, tanto por las condiciones inherentes al hecho mismo del desplazamiento, como por la falta de normas y capacidades institucionales específicas para la protección, acompañamiento y asistencia a las víctimas”, puntualizó.

Finalmente, la CNDH propone, para solucionar tan grave problema, la creación de una política pública integral y transversal en derechos humanos para proteger y garantizar los derechos de las víctimas; formular protocolos de actuación para autoridades, corporaciones y funcionarios del Ejecutivo federal; generar acciones de coordinación entre las entidades de los tres niveles de gobierno, organismos internacionales, sociedad civil organizada y sector privado.