Día naranja: día de reclamo ético

Autor: Saúl Arellano

Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no dejan lugar a dudas. El periodo de enero a octubre de 2021 es el que acumula el mayor número de feminicidios, para el mismo periodo, desde que se tiene registro. En el Día Naranja estamos ante un día de reclamo ético.

En efecto los datos muestran que en los primeros diez meses de este 2021 se han acumulado 842 víctimas de feminicidio, reconocidas así en las carpetas de investigación de las fiscalías estatales. Comparado con los datos del 2020, representa un incremento de prácticamente 5%, lo cual es de suma gravedad, pues las condiciones en que vivimos son consideradas literalmente de magnitudes pandémicas.

La tasa de feminicidio que se registra hasta el mes de octubre es de 1.28 por cada 100 mil mujeres en el país; indicador superior al registrado en todo el 2017, y que está en ruta de superar o de colocarse en un nivel estadísticamente similar a los registrados en los años 2018, 2019 y 2020.

No es una condición aceptable, por donde se le vea. Y por ello el reclamo de las mujeres crece cada vez más, ante un gobierno que no ha comprendido la gravedad del fenómeno; y que ha cometido graves errores al calificar a los feminismos como meras “ideologías importadas”, cuando de lo que se trata es de exigir la garantía plena del cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia.

El dato sobre los feminicidios, por sí mismo, resulta un escándalo; pero lo es más si se observa a la luz de otros indicadores, que igualmente rebasan de manera importante lo registrado en los años previos. Por ejemplo, entre enero y octubre del 2021 se han iniciado 23,443 carpetas de investigación por el delito de abuso sexual, del cual la inmensa mayoría de sus víctimas son mujeres, niñas, niños y adolescentes. Para dimensionar la cifra basta con mencionar que en todo el 2020, el total de carpetas de investigación por estos casos fue de 22,377, es decir, un incremento de 5%, en los 10 meses para los que haya datos en este 2021.

Asimismo, de enero a octubre de este año, se han registrado 17,784 carpetas de investigación por los delitos de violación simple y violación equiparada; en contraste, en el año 2020, el total anual fue de 16,543, es decir, en los meses para los que disponemos de información en el 2021, se ha superado ya en 7.5% lo registrado en el año previo.

Finalmente, es importante subrayar que en este 2021, se han registrado 249,209 carpetas de investigación por delitos contra la familia, frente al dato de 254,598 casos registrados para todo el 2020. En este caso, aún no se ha llegado a la cifra anualizada del año previo, pero dada la tendencia del promedio mensual es estadísticamente esperable que se llegue a alrededor de 299,000 casos, es decir, una cifra que al cierre del año sería 17.4% superior a la del 2020.

Existen más cifras que corroboran que, en materia de violencia contra las mujeres, esta administración decidió dar la espalda o simplemente voltear la mirada hacia otra parte. Se trata de una gravísima situación frente a la que no se ha querido actuar con decisión, bajo prejuicios y premisas -esas sí francamente moralinas e ideológicas-, respecto de que “como la familia mexicana no hay dos”; o que en nuestra sociedad hay “una reserva inagotable de valores”; lo cual es de alguna manera cierto, pero no necesariamente de los valores de mayor deseabilidad en su presencia y permanencia en nuestra sociedad.

México no será un país plenamente democrático, y mucho menos justo, si no se garantizan condiciones efectivas de igualdad entre mujeres y hombres; y eso implica necesariamente reducir al mínimo posible la violencia contra las mujeres, sobre todo aquella que se expresa en la violencia misógina extrema del feminicidio; y también en delitos gravísimos como la violación o el abuso sexual.

Se trata de delitos graves no sólo por la agresión en sí misma, sino que, en el caso de las sobrevivientes, de formas de violencia que tienen secuelas y presencia a lo largo de la vida; que requieren de prolongados procesos de atención y acompañamiento psicológico, familiar y jurídico; y para quienes el Estado lanza el mensaje de que no habrá ni empatía ni solidaridad; mucho menos compromiso institucional expresado en recursos y en programas especiales de apoyo.

Ya en otros espacios se ha planteado la revisión del mecanismo de la “Alerta de género”, porque al llevarse a cabo, poco se ha conseguido en términos de modificación estructural de las condiciones que permiten la reproducción sistemática de la violencia contra las mujeres y, como ya se vio en los datos arriba planteados, con peligrosos y preocupantes tendencias de crecimiento de los casos de violencia extrema.

Es difícil saber por qué este gobierno, que se presenta como “humanista” y “progresista”, ha tomado actitudes no sólo de desatención, sino francamente agresivo en contra de las mujeres que exigen mayores condiciones de seguridad, de acceso a la justicia y de reparación del daño. La Comisión Nacional de Víctimas no cumple con sus obligaciones; el INMUJERES ha sido reducido a poco menos que una nulidad; mientras que otras instancias como la antigua CONAVIM ha sido transformada en una fantasmagórica figura que brilla totalmente por su ausencia en el escenario público.

*Nota del editor: foto en portada: BTU*