Determina juez que etiquetado nutrimental mexicano viola derechos de consumidores.

El 28 de diciembre 2016, el Juez Octavo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México emitió la resolución en la que determinó amparar y proteger a El Poder del Consumidor (EPC) contra los “Lineamientos a que se refiere el artículo 25 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios que deberán observar los productores de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas para efectos de la información que deberán ostentar en el área frontal de exhibición, así como los criterios y las características para la obtención y uso del distintivo nutrimental a que se refiere el artículo 25 Bis del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios”. Dicho amparo fue promovido el 22 de julio de 2015, por la organización social para denunciar que el etiquetado nutrimental frontal mexicano viola los derechos de los consumidores.

En la sentencia, informó EPC, el juez reconoce que es deber del Estado informar y advertir al consumidor sobre los ingredientes de los productos alimenticios en cuanto constituye una garantía y no un obstáculo para el ejercicio eficaz del libre desarrollo de las personas. Consideró que el presente sistema de etiquetado utilizado en México, genera que resulte complejo para los consumidores contar con información comprensible, la cual, le permitiría tener certeza del impacto que tiene el producto en su salud. Expresó que el etiquetado es contrario a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre los azucares añadidos, a la propia Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes (ENSOD) dada a conocer en 2013, así como a los estudios y recomendaciones del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

Al respecto, Fiorella Espinosa, investigadora en salud alimentaria de la organización El Poder del Consumidor, comentó: “Desde el 2011 se tenía evidencia de que el etiquetado tipo GDA, que se implementó oficialmente en México en 2014, no era bien comprendido ni siquiera por los estudiantes de nutrición de una prestigiada institución universitaria. Además, el etiquetado actual promueve el excesivo consumo de azúcar al mostrar un valor de referencia de 90 gramos, en lugar de los 50 gramos que recomienda la OMS como cantidad límite al día tal y como lo señala el juez en la sentencia”.

La sentencia del juez indica que el etiquetado denunciado viola el derecho a la salud y a la alimentación adecuada de los consumidores, así como los derechos de los consumidores a ser informados de forma comprensible, visible y veraz sobre productos que ponen en riesgo la vida y la salud de las personas.

Además de ser violatoria de los derechos de los consumidores, la medida de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) resulta desfavorable y regresiva respecto al derecho a la salud, toda vez que no permite identificar los azúcares añadidos o agregados como lo señalan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y que no fue aplicada la normatividad como se estableció en la Estrategia Nacional antes mencionada. Con ello, el etiquetado actual, en lugar de ampliar los alcances del derecho fundamental a la protección a la salud, los limitó.

A partir del análisis del caso, el juez ordenó a las autoridades responsables: 1) Diseñar una política pública sobre el etiquetado de productos alimenticios y bebidas pre envasadas que tome en cuenta y respete los derechos fundamentales a la salud y a la alimentación de los consumidores. 2) Dejar de aplicar el artículo 25 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios; el artículo tercero, fracción III, inciso a) y b) de los Lineamientos a que hace referencia el artículo 25 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios y la NOM- 051-SCFI/SSA1-2010 en el punto 4.2.9.2 en la fracción II, punto A y punto B. 3) Modificar el sistema de etiquetado frontal de alimentos para que:

I        Los productos distingan entre azucares naturales y añadidos.

II       Se establezcan gramos de azúcar añadidos al producto

III      Se indique como base para determinar los azúcares añadidos como máximo el 10% de la ingesta calórica total, lo que equivale a 50 g.

IV      En caso de que los alimentos o bebidas rebasen la cantidad de azúcar añadida de 50 gramos, se introduzca una advertencia en el etiquetado frontal de alimentos sobre el riesgo a la salud que existe.

V       Informen a través de los medios de comunicación que utilizan en ejercicio de sus funciones sobre los efectos adversos que genera el consumo de azúcares libres o añadidos en la población y especialmente sobre menores de edad.

Hay que apuntar que esta sentencia fue recurrida por COFEPRIS, por lo que la organización está en espera de la resolución del Tribunal Colegiado.

*Con información de El Poder del Consumidor, vía Libre Expresión-08-02-2017*