Un alcalde más

En México, la política es un oficio del alto riesgo. No para aquellos que se mueven en las altas esferas del poder; gobernadores, senadores, líderes de partidos y la inmensa mayoría de diputados federales, han podido respirar tranquilos hasta ahora. Distinta situación a la que viven alcaldes, diputados locales, regidores y aquellos que pretenden ocupar puestos de elección popular en las regiones que integran el México bronco.

Apenas este domingo, Juan Carlos Andrade Magaña, presidente municipal con licencia de Jilotlan de los Dolores en Jalisco, se sumó a la estadística de políticos asesinados, tras ser emboscado al salir de un funeral. Magaña pretendía reelegirse arropado por el Partido Movimiento Ciudadano, de fuerte presencia en aquella entidad.

La autoridad estatal se mostro sorprendida, el secretario de Gobierno, Roberto López Lara dijo que el edil nunca denunció amenazas en su contra, eso es lo de menos; lo que realmente importa es el ataque letal contra un hombre que se dedicaba a la vida pública, que su muerte no es un caso aislado y que la indefensión de aquellos que se dedican a la política local es escalofriante.

Según la Asociación Nacional del Alcaldes, en lo que va del sexenio van 66 presidentes y ex presidentes municipales asesinados, cinco en 2018 y 21 en 2017, el año más letal de la historia en ataques de ese tipo. Desde luego deben sumarse las agresiones contra aspirantes a cargos públicos (al menos 30 según el secretario de gobernación y la muerte violenta de cuando menos otros 13 políticos municipales a lo largo del año pasado.

El mensaje es claro, en un país sin estado de derecho, ni siquiera los alcaldes están a salvo de la criminalidad. El fuero constitucional que los protege contra la acción de la justicia y una eventual persecución política de nada sirve frente a las balas y los amagos de la delincuencia. La sangre y la muerte bastan para entender la debilidad de los funcionarios públicos frente al poder de fuego de las bandas criminales, la ley de plata o plomo opera frente a instituciones endebles y a veces ausentes. En muchos casos, quienes pretenden gobernar no tienen otra más que doblegarse frente a las presiones de cárteles y pandillas. 

Habrá quien piense y con cierta razón, que aquellos que buscan en “poder” saben a lo que se enfrentan, que nada justifica ponerse a las órdenes del narco u otros poderes ilegales, pero el verdadero problema es que el desmoronamiento del estado ha hecho imposible garantizar la gobernabilidad de amplias regiones del país. La muerte masiva de alcaldes, ex alcaldes y aspirantes solo es un síntoma de la descomposición nacional.

@PrimoOlvera

*Nota del Editor: Foto: Especial Internet*