México violento

Las cifras confirmaron lo que ya se conocía, 2017 fue el año más violento de las últimas dos décadas con 25 mil 339 asesinatos dolosos, 2 mil 930 crímenes más que el fatídico 2011, considerado el peor momento de la guerra contra el narcotráfico declarada por Felipe Calderón. La cifra negra evidencia el fracaso de la política de seguridad de Enrique Peña Nieto, el fiasco del cambio radical promovido por Miguel Ángel Osorio Chong que convirtió a la Secretaría de Gobernación en un elefante repleto de atribuciones, que acaparaba una cantidad endemoniada de actividades relacionadas con el estado de derecho que a un año del final del sexenio han sido imposibles de cumplir.

En diciembre de 2012 apostó a dos cosas, bajar el perfil de la información relacionada con la violencia y establecer la coordinación con los estados como eje de la estrategia encaminada a erradicar la violencia, a través de políticas publicas destinadas entre otras cosas, a la prevención, el rescate del espacio público y la recuperación del llamado tejido social.

Nada de eso funcionó, los programas de prevención murieron de hambre, la recomposición social de las zonas dominadas por el crimen organizado fue imposible y la coordinación se quedó en un bonito deseo. Nada detuvo el deterioro de las instituciones, los gobiernos estatales fueron incapaces de reformar sus cuerpos policíacos, la corrupción se mantuvo intacta, las fuerzas armadas comenzaron a sufrir el desgaste de una década cumpliendo con labores que no les corresponden y las reformas legales en materia de seguridad y de justicia o están inconclusas o no han dado resultados, precisamente por la incapacidad de aquellos responsables de ponerlas en marcha.

Se puede hablar de manera concluyente porque 2018 no es promisorio, en 12 meses será imposible. Revertir el deterioro de los últimos años, la lucha electoral y el declive natural del gobierno de Peña Nieto llevarán a la autoridad a intentar “administrar” un problema que se ha salido de control, en los próximos meses nadie tendrá la capacidad de poner en marcha acciones importantes para aplicar la ley.

El problema es mayúsculo no solo por lo que dicen las cifras, la coyuntura electoral será especialmente delicada; la vulnerabilidad del Estado mexicano será explotada por las bandas criminales que intentarán imponer, como lo han hecho, candidatos a todo tipo de cargos de elección popular a través de la ley de plata o plomo, el desastre es tal, que en las regiones más calientes del país, alcaldes, diputados y quizás gobernadores seguirán cooptados por el crimen organizado.   

El desafío es mayúsculo, no solo se refiere a contener el río de sangre que se desborda por todo el país, se trata de recuperar los espacios y las instituciones, de limpiar cada resquicio del entramado público infestado por la delincuencia. Ya no es solo cuestión de querer, aunque sin voluntad la misión será verdaderamente imposible.

*Nota del Editor: Foto: Especial Internet*