La farsa de Yarrington

Juan David Hernández tiene once años, la semana pasada se hizo popular por diseñar una mochila de seguridad. Su invento equipado con placa antibalas, linterna y rastreador GPS para que sus padres sepan dónde se encuentra en todo momento. Juan David vive en Matamoros, Tamaulipas, una de las ciudades más violentas del país; ahí, cualquiera puede terminar muerto o herido por el fuego cruzado de las balaceras que desde hace mucho se han vuelto comunes. Él mismo y sus compañeros se han tirado pecho tierra un par de veces para protegerse de las balas perdidas disparadas en enfrentamientos criminales.

El niño de primaria quizás no lo sepa con toda claridad, pero entiende que en su tierra nadie lo va a proteger. El gobierno estatal y municipal son incapaces de frenar la violencia, Juan David sabe que si quiere seguridad, debe actuar por cuenta propia.

Lo que no sabe, es que el gobierno del estado protege presuntos delincuentes. El ex gobernador Egidio Torre Cantú autorizó la asignación de escoltas estatales a su antecesor, Tomás Yarrington, prófugo de la justicia nacional y estadounidense acusado de delincuencia organizada y delitos contra la salud.

Torre Cantú, cínico y perverso se hizo cómplice de un sujeto perseguido, utilizó dinero público y a las instituciones del Estado para burlar al propio estado y a la sociedad tamaulipeca. Actuó consciente de las implicaciones jurídicas, politicas y éticas de su orden. Nadie puede argumentar que no sabía lo que hacía.

La protección a Yarrington pone al descubierto, al menos la indolencia de autoridades federales. El ofrecimiento de 15 millones de pesos por datos que permitan la captura del ex mandatario es una farsa. Nadie puede creer a la procuraduría o a los organismos de inteligencia del país que no supieran el paradero de un hombre cuidado y custodiado por elementos policiacos. Los escoltas de Yarrington ni se mandaban solos ni andaban a salto de mata como vulgares delincuentes. Imposible pensar que no hubiese una autoridad superior a la cual rindieran cuentas.

La pantomima de justicia es escandalosa. En el caso Yarrington, los supuestos esfuerzos por capturarlo, son una oscura y sucia burla. Autoridades de todos niveles ríen sin pudor mientras pretenden vernos la cara de imbéciles.

El discurso contra la corrupción e impunidad queda reducido a una mentira. En este país de políticos infames, los niños, los adultos, las familias comunes, deben defenderse por sí mismos, mientras dinero y recursos oficiales son utilizados para garantizar la tranquilidad de lo peor de una clase que percibe y ejerce el poder como una propiedad privada.