Fuerzas armadas

Diez años después las Fuerzas Armadas siguen en las calles, diez años después permanecen realizando labores policiacas que nos les corresponden, una década después, soldados y marinos siguen sin contar con un marco legal que delimite su actuación en la guerra contra el crimen.

Las duras palabras del Secretario de la Defensa sobre la incomodidad de las fuerzas armadas al combatir delincuentes, la falta de compromiso de autoridades y la urgencia de leyes que den certeza a los cuerpos castrenses ponen presión a senadores y diputados sumergidos en el debate de de las propuestas elaboradas por el panista Roberto Gil (en el Senado) y Cesar Camacho (en la Cámara de Diputados).

El momento es tan decisivo como riesgoso, la voluntad que al fin muestra el poder legislativo podría arrojar resultados indeseables, ante la escalada de violencia que vive el país, el malestar de las Fuerzas Armadas y la incapacidad de fuerzas policiacas estatales y municipales generan una perversa tentación en quienes hacen las leyes.

Especialistas en seguridad han criticado ambas propuestas por otorgar poderes extraordinarios al ejército y la marina, además de dejar abierta la puerta de la discrecionalidad con una redacción ambigua en puntos fundamentales que establecen los casos en donde ambas instituciones pudiesen actuar contra la delincuencia.

El camino planteado hasta ahora por los legisladores es una puerta falsa a la problemática que enfrentan las fuerzas armadas. Dar mayores atribuciones y ampliar legalmente el rango de posibilidades de acción para enfrentar al crimen normalizaría lo que por diez años se ha considerado extraordinario, es decir, el uso de tropas como policías. Lejos de dar certeza mientras se avanza en el regreso de soldados a los cuarteles, se mantendría el círculo vicioso integrado por los gobiernos locales, cuya negligencia ha hecho imposible la creación de corporaciones profesionales y capaces.

La actuación del ejército ha servido todos estos años como un incentivo perverso. En cada sitio al que ha entrado la fuerza militar a combatir el crimen las autoridades civiles se han desentendido de su responsabilidad. Aún cuando el ejército y la armada cumplen con su misión, irremediablemente a su regreso, alcaldes y gobernadores cuecen a fracasar. Como sucede con el pacto fiscal, los gobernantes estatales viven en el mejor de los mundos, no hacen su trabajo, eluden la responsabilidad y dejan pacientes que la federación una y otra vez vaya a su rescate.

Que la tropa debe salir de las calles es una verdad de perogrullo, pero el camino para hacerlo no es extendiendo sus funciones y poderes, sino delimitando perfectamente las áreas y situaciones donde debe intervenir. No se puede seguir poniendo en los soldados el peso de la irresponsabilidad y la indolencia de las autoridades civiles.