¿Va en serio reducir pluris? ¿O es otro engaño?

¡Por fin presentaron iniciativa para reducir el número de diputados federales y senadores! La presentó el grupo parlamentario del PRI en la Cámara Baja. Claro, presionado por el escrutinio ciudadano ante los excesos de los legisladores sin consideración alguna frente al “gasolinazo”. Bueno, de última hora hicieron su plan de austeridad… aunque falaz y de aplicación incierta.

En su iniciativa de reformas a la Constitución General el grupo parlamentario priista propone reducir el número de diputados federales de 500 a 400, y también el número de senadores de 128 a 96. O sea, plantean la eliminación de 100 diputados y 32 senadores electos por la vía de representación proporcional.

¿Y la reforma va en serio? ¿O solo es una medida de efectos mediáticos para apaciguar los ánimos adversos hacia los diputados federales y senadores por el exceso de privilegios en tiempos de gasolinazos y austeridad? Y pasado el enojo ciudadano manden la iniciativa al cajón del olvido.

Es probable. Porque presentaron la iniciativa sin precisar cuándo prevén aprobarla y, en su caso, cuándo entraría en vigor. ¿Será para aplicarse en las elecciones del 2018? ¿O en las del 2021? ¿O nunca?

Nada le daría más gusto a los mexicanos (salvo a la clase política, por supuesto) que la reducción del número de diputados y senadores. Y es una promesa del presidente Enrique Peña Nieto (jefe político de los priistas), que aún puede cumplirse. Faltan cinco meses para el vencimiento del plazo constitucional para aprobar y publicar alguna reforma electoral para las elecciones federales del 2018.

México tiene sobre-representación que le sale muy cara al pueblo. Los mismos diputados lo reconocen en la argumentación de la iniciativa para reducir curules y escaños, cuando señalan que:

“México es uno de los países con más legisladores a nivel internacional, con un total de 628, incluso superando a naciones como Brasil (524) y Estados Unidos (535), que poseen una cantidad mayor de población y estados federados. (La medida de reducción) contribuirá a fomentar el ahorro del gasto público, a facilitar los acuerdos, a trabajar con mayor eficiencia y, sobre todas las cosas, a responder a una demanda que por años ha expresado la ciudanía sobre el extenso número de legisladores”.

Los grupos parlamentarios de oposición deben sumarse a la propuesta. Veremos qué tan congruentes son, o si en realidad prefieren seguir en la falacia y viviendo a costa del pueblo bajo el argumento de que se pretende eliminar a las minorías. Las minorías seguirán representadas en las 100 curules plurinominales que prevalecerían y en los 32 escaños de primera minoría reservados a los partidos perdedores que queden en segundo lugar.

Además, ¿por qué seguir alentando partidos perdedores cuando pueden aspirar a ganar? Las reglas electorales han cambiado, ya no hay partido hegemónico y existe competencia electoral.

Un pendiente electoral en Oaxaca

Uno de los pendientes que dejó la anterior Legislatura oaxaqueña es la ley secundaria en materia electoral. La hicieron, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca (LIPPEO) por “desaseo” en el procedimiento legislativo. ¿Recuerdan? Entonces, cobró vigencia nuevamente el antiguo Código Electoral (el famoso CIPPEO).

Tal situación metió en apuros a los órganos electorales en pleno proceso electoral para las elecciones del 2016 de gobernador, diputados y concejales a los ayuntamientos.

Por fortuna, la existencia de la Ley General y los lineamientos emitidos tanto por el Instituto Nacional Electoral (INE) como por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) permitieron sacar las elecciones oaxaqueñas, sobre las cuales se aplicaron determinadas disposiciones del antiguo Código concernientes estrictamente a particularidades del proceso local.

¡Uf, era un enredo de normas!

Los diputados de la anterior Legislatura local ya no se preocuparon por elaborar la ley secundaria, pretextando haber proceso electoral, cuando la prohibición es aplicar una reforma hecha ya iniciado el proceso, y de lo que se trataba era de aprobar la reforma para aplicarse en la siguiente elección; es decir, en el 2018. No dejar pendientes.

En fin, la reforma ahora está en la cancha de la actual LXIII Legislatura local. Y en ese contexto cabe preguntar: ¿Cuándo la presentan?

Recuerden que por mandato constitucional la reforma debe estar aprobada y publicada 90 días antes del inicio del proceso electoral en que deba aplicarse. O sea, debe estar lista a más tardar a finales del próximo mes de junio, pues el proceso para las elecciones del 2018 de diputados locales y concejales a los ayuntamientos iniciará en octubre del año en curso.

Entonces, en lo que presentan la o las iniciativas y las cabildean se acaban los cinco meses que hacen falta para que expire el plazo.

En este tema tiene la responsabilidad la diputada del PVEM, Nallely Hernández García, quien preside la Comisión Permanente de Democracia Participativa con Igualdad de Género. Ella, por cierto, no es ninguna improvisada en materia electoral; tiene formación jurídica: Es Licenciada en Derecho con Maestría en Derecho Electoral.

¿Presentará ella la iniciativa de reforma electoral? ¿Cuándo?

Y la reforma no es gran ciencia. Casi todo está en los reglamentos de elecciones. Así que todo es cuestión de armonizar, y revisar temas como las candidaturas comunes y sistemas normativos internos, por ejemplo.

rosyrama@hotmail.com