¿Qué duele a los magistrados electorales en el caso Puebla?

Por el bien de la democracia y de nuestra Nación, es mejor que la crisis en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sea resultado de celos profesionales o de diferencias de criterios principalmente entre el magistrado José Luis Vargas Valdez y la magistrada presidenta, Janine Otálora Malassis.

Y no sea producto de la partidización o de la intromisión de alguien del equipo del nuevo Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (de Morena). Ya ven que nunca faltan los queda bien con el Mandatario aún a costa de la estabilidad de las instituciones y de la paz de alguna entidad federativa.

Que tampoco se trate de la infiltración de la delincuencia organizada por el control de espacios geográficos desde el TEPJF en las decisiones sobre la validez de las elecciones en determinadas demarcaciones electorales.

Puebla, por cierto, es una de las entidades federativas donde ha sido recurrente el robo de combustible. Apenas en el 7 de junio pasado, el Sol de Puebla difundió una nota cuyo encabezado resaltaba a dicho estado como el de “más huachicol”, y que de enero a esa fecha se contabilizaban 25 mil tomas clandestinas.

¿Tendrá que ver el huachicol en el cruento pleito electoral en Puebla? ¿O simplemente se ha tratado de un pleito normal entre dos personas que disputaron legalmente la gubernatura: Martha Erika Alonso como candidata de la coalición PAN-PRD-Movimiento Ciudadano y Luis Miguel Barbosa Huerta como abanderado de la alianza Morena-PT-PES?

Más vale que se haya tratado de una disputa electoral normal, aunque difícil y candente.

En nuestro país “el horno no está para bollos”, aún con AMLO en la Presidencia de la República. Entonces a nadie conviene que la delincuencia organizada termine con las instituciones que han costado muchas batallas políticas y legales a los mexicanos: Las autoridades electorales.

Vaya ni siquiera conviene un pleito entre magistrados por dinero.

Desafortunadamente es un secreto a voces que pululan los órganos jurisdiccionales electorales locales donde reina la venta de sentencias al mejor postor. Sería una verdadera desgracia que este cáncer también haya alcanzado a las salas del TEPJF.

En fin, una autoridad dividida por razones inconfesables o vendida, no sirve a la democracia. Quizá vaya siendo hora de cambiar el modelo electoral para construir nuevas autoridades electorales desde la forma de elección hasta su integración, pasando por sus atribuciones.

¿O eso quiere provocar el grupo gobernante? ¿O es la pretensión de intereses aviesos?

Claro, las unanimidades tampoco son del todo buenas; en ocasiones generan sospecha sobre todo cuando hay evidencias de situaciones contrarias a las resueltas como válidas.

Acostumbrémonos a las votaciones de mayoría, sobre todo en materia electoral por su misma naturaleza. Incluso, en Derecho Electoral no hay recetas; por eso a veces vemos resoluciones sui géneris. Es más, los tribunales tienen plenitud de jurisdicción, y emiten criterios y jurisprudencia.

Lo anterior tampoco es pretexto para resolver a favor del mejor postor.

En el caso Puebla desde el principio se impuso la complejidad. Es más, en todas aquellas entidades donde en 2018 hubo elecciones de gobernador, eran previsibles los conflictos ante la evidente fuerza que traía la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PES) dado el efecto AMLO.

En Puebla hizo crisis. El ex perredista y neo-morenista Luis Miguel Barbosa Huerta jamás aceptó su derrota por más de cien mil votos de diferencia; ventaja obtenida por la panista Martha Erika Alonso.

¿Por qué en Puebla la coalición “Juntos Haremos Historia” no ganó la gubernatura? ¿Ahí no funcionó el efecto AMLO? ¿Barbosa fue un mal candidato? ¿A Martha Erika la ayudó el buen ejercicio del gobierno panista y la fuerza de su esposo? ¿O la ayudó alguien más?

Como haya sido, Martha Erika ganó en términos legales; cien mil votos es una diferencia difícil de revertir, a menos que se anule la elección como planteaba el magistrado José Luis Vargas Valdés argumentando falta de cuidado en el resguardo de la paquetería electoral.

Pero ¿y cuáles fueron las trampas en todo caso? Los representantes de cada partido político se quedan con una copia del acta de escrutinio y cómputo de la casilla donde actuaron, y va firmada por ellos ya sea de conformidad o bajo protesta. Entonces, ¿cómo alegar cambio de resultados?

En el caso Puebla, incluso, hubo un recuento de votos extra legal, ordenado por el TEPJF. En algunos Consejos Distritales ya se había hecho recuento, pero el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral ordenó contar nuevamente todos los votos para darle certeza a los resultados de la elección de gobernador.

Y aún así prevaleció la desconfianza.

Ahora también cabe preguntar: ¿Por qué tanto enojo del magistrado José Luis Vargas Valdés en contra de la magistrada presidenta de la Sala Superior? ¿Por qué ella desempató en contra del proyecto de acuerdo de él, que planteaba la nulidad de la elección de gobernador de Puebla?

¿En serio hay presiones en el TEPJF y actuaciones irregulares en los magistrados como asegura Vargas Valdés? ¿En verdad Janine Otálora Malassis se conduce fuera de la ley?

¿Qué le duele al magistrado José Luis? ¿Haber perdido la votación tras largas noches de desvelo redactando el proyecto de sentencia? ¿Perder sabiendo tener la razón legal? ¿O haber perdido otras cosas?

¿O quiere el puesto de Otálora por eso amenaza con desenmascararla?

Caray, que pena que los magistrados electorales de la Sala Superior se enfrasquen en pleitos con un nivel de mercado.

La anterior integración de la Sala Superior era mucho mejor. Las y los magistrados electorales tenían y mostraban más conocimientos, mejores criterios y buen nivel.

No cabe duda que la partidización envenena a los órganos electorales y, en consecuencia, a la democracia mexicana.

Vamos como los cangrejos: De reversa.

rosyrama@hotnail.com

*Nota del Editor: Foto: TEPJF*