Presidentes municipales, el eslabón más débil

El asesinato de autoridades municipales no es cosa menor, sino un asunto de importancia que debe llamar la atención de los gobiernos estatales y federal, porque los ediles pueden representar el eslabón más débil de la infiltración del crimen organizado en las esferas del poder.

Por supuesto, los asesinatos de concejales pueden obedecer a móviles diferentes: Cuentas pendientes relativas a otros asuntos. Por ejemplo, rivalidad entre grupos políticos, líos agrarios, y hasta temas de índole muy personal.

Sin embargo, las autoridades en materia de procuración de justicia deben investigar a fondo los asesinatos de presidentes municipales y demás integrantes de cualquier ayuntamiento del país, para descartar móviles de naturaleza riesgosa para la estabilidad no solamente de los municipios, sino de la entidad de que se trate y del propio país.

Incluso, la rivalidad política también es un móvil preocupante, porque entonces las elecciones están dejado de ser la vía para dirimir las diferencias políticas hablando estrictamente de la lucha democrática, institucional y pacífica por el poder.

Tan solo en el proceso electoral 2017-2018 murieron más de cien personas entre aspirantes, candidatos y funcionarios partidistas.

“…sobre los 101 casos, Guerrero es la entidad con mayor número de asesinatos, con 20, seguido de Oaxaca, con 17, y Puebla con 10”, estableció Animal Político en una nota informativa fechada el 29 de junio del 2018, siendo del PRI el mayor número de bajas.

Pero también se registró la muerte de morenistas, perredistas y militantes de diversas filiaciones.

Y apenas el mes pasado, el diario El Financiero, en la nota en la cual informó del asesinato de María Ascensión Cruz Torres, regidora electa de Morena del municipio de Mazatepec, Morelos, dio cuenta de que con este homicidio iban “al menos 41 políticos electos y 24 de sus familiares que han sido ejecutados, desde la jornada electoral del 1 de julio y durante el proceso de transición para los nuevos gobiernos”.

¿Ahora vienen los munícipes en funciones?

Justo el día de la transición municipal, casi minutos después de haber asumido el cargo de presidente municipal de Tlaxiaco, Oaxaca, Alejandro Aparicio Santiago, fue asesinado a balazos en plena luz del día cuando realizaba su primer recorrido por la comunidad como autoridad municipal.

Junto con el edil, emanado de Morena y ex diputado local del PRD, resultaron heridas varias personas más, entre éstas el síndico Perfecto Hernández, quien falleció también este miércoles dos de enero, según informó en su cuenta de Twitter el senador morenista Salomón Jara Cruz.

@salomonj escribió: “Me acaban de informar que Perfecto Hernández Síndico Mpal quién acompañaba al Presidente Alejandro Aparicio ayer ha fallecido, lamento mucho la muerte de otro compañero de lucha fundador de Morena en Tlaxiaco, mi sentido pésame a familiares exijo pronta justicia, descanse en paz”.

¿Cuál fue el móvil del asesinato del munícipe de Tlaxiaco y de manera colateral de un miembro más del cabildo? Las autoridades competentes tienen el deber de esclarecer los hechos. En este caso, por fortuna, existe una persona detenida como presunto homicida.

Y habría que esperar los resultados de la investigación antes de señalar culpables políticos. Incluso, Morena ya es Gobierno Federal como para atraer el caso vía las instancias competentes.

La Mixteca, donde se localiza el distrito y el municipio de Tlaxiaco; la Sierra Sur, la cual entronca con el Istmo de Tehuantepec por la zona conocida como los Yautepec, han sido regiones contaminadas por la siembra y tráfico de enervantes.

Y la región istmeña es paso de flujo migratorio, incluso, puede ser zona de huachicoleo dada la instalación en Salina Cruz de la planta de PEMEX Antonio Dovalí Jaimes.

Además la misma Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca durante 2018 emitió diversos comunicados informando de la detención de camionetas con cargas de hidrocarburo en diversos puntos de la entidad.

En fin, retomando el tema: La misma Presidencia de México, mediante las dependencias competentes, debería implementar un plan de vigilancia en aquellas zonas del país con municipios considerados conflictivos.

Incluso, los propios partidos políticos, empezando por Morena (porque es el partido en el poder federal) deben tener la certeza sobre los orígenes políticos de sus autoridades municipales y todo tipo de vínculo con las mismas.

Vaya, muchas cosas se evitarían desde la vigilancia real del financiamiento en campañas electorales. El Instituto Nacional Electoral (INE) hace lo que puede. No obstante, en los procesos electorales corre mucho dinero.

rosyrama@hotmail.com

*Nota del Editor: Foto: www.tlaxiaco.gob.mx*