¿Pleito por la autonomía de poderes o por el tren de vida fifí?

La suspensión de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos parece un “freno” a la promesa de Andrés Manuel López Obrador para bajar sueldos, dietas y demás ingresos a los funcionarios, y ¡que nadie gane más que el Presidente de México!

Y ese “freno” a su vez parece traducirse en el ejercicio de la autonomía del Poder Judicial frente al titular del Poder Ejecutivo y a la sumisión a éste por parte del Legislativo.

Visto así sería plausible y bueno para el país porque alguien tiene que frenar al Ejecutivo en cualquier intento de someter a los otros dos poderes. Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe jugar su papel en el control de la constitucionalidad; es la única que puede parar las decisiones autoritarias de AMLO.

Por lo pronto, el ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite el recurso constitucional presentado por senadores de oposición y concedió “la suspensión solicitada para el efecto de que las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los poderes de la Unión y de todos los demás entes públicos para el ejercicio de 2019, no sean fijados en términos de la ley reclamada, hasta en tanto se resuelva el fondo (del asunto)”.

Pero… ¿en serio se trata de un litigio donde se reclama la preservación de la autonomía y división de poderes? ¿O se trata de cuidar los exagerados ingresos de quienes cumplen alguna función en los tres poderes?

Claro, con sus honrosas excepciones, pues es necesario distinguir entre los sueldos de los altos mandos y mandos medios, con los sueldos de los jefes de departamento y el de la burocracia; no se comparan. Y por lo tanto, es incongruente bajar su ingreso a raja tabla.

Evidentemente, estamos frente a un litigio por el dinero.

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no quieren perder su altísimo ingreso: Ganar entre 600 y 400 mil pesos mensuales es un insulto frente a la inmensa mayoría de los mexicanos, que apenas gana el salario mínimo y hay quienes ni eso.

Los servidores públicos del Ejecutivo y los legisladores no lo dicen, pero quizá en el fondo tampoco desean que prospere la Ley de Remuneraciones. Nadie asegura que la impugnación no sea una acción confabulada.

Independientemente de las oscuridades, el presidente López Obrador tiene razón al decir en alusión a los ministros de la SCJN: “Los impartidores de justicia en México están siendo injustos y deshonestos al suspender la aplicación de la ley que prohíbe que ningún funcionario público puede ganar más que el Ejecutivo federal, 108 mil pesos mensuales…”

Además: “Se equivocaron porque no están viendo la nueva realidad. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre… En el caso del Poder Judicial, si ellos mismos resuelven que van a seguir recibiendo sueldos exagerados, estratosféricos, hasta de 600 mil pesos mensuales, están dando un mal ejemplo quienes deberían de impartir justicia…”

Y ciertamente, como dijo AMLO, don Benito Juárez García postuló: “Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos, no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala”.

Y aplica a los tres poderes.

Pero ¿cuál debe ser la retribución justa que les permita vivir en la honrada medianía?

Ahí está el problema. Todos (o la mayoría) creen justo percibir altos sueldos; incluso, hasta dándose aguinaldo como si fuesen trabajadores asalariados de una empresa cuando son servidores públicos o representantes populares ya con una dieta generosa, además de bonos.

La realidad de México obliga a revisar y a ajustar sueldos, dietas y todo tipo de ingresos sobre todo de los más altos rangos de modo tal de fijar lo justo. Porque también es cierto que los servidores públicos están expuestos a una serie de riegos y ejercen la función prácticamente de tiempo completo.

En el caso de los ministros de la SCJN si bien su tarea es de la más grande importancia, también es cierto que su función no es de 24 horas los siete días de la semana; incluso, sesionan por determinadas horas y cuentan con el equipo técnico necesario para elaborar las resoluciones.

Lo mismo ocurre en los casos de algunos órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde solo en proceso electoral todos los días y horas son hábiles. Y ni así se justifican los ingresos y bonos exorbitantes.

Ahora eso de que si en el Poder Judicial no ganan exageradamente bien los juzgadores (sobre todo ministros y magistrados) se corre el riesgo de ser coptados, viene siendo algo así como una amenaza para conservar sus canonjías.

Con sus honrosas excepciones, de por sí resuelven a favor del mejor postor o del padrino político. Pasa lo mismo en órganos autónomos; en la administración pública y en el Legislativo.

En fin, a ver en que termina el pleito en torno a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Por lo pronto, no podrán aplicarla para fijar los sueldos y dietas para el ejercicio fiscal 2019.

Ya veremos más adelante si la SCJN realmente cumple con su papel de control para frenar las verdaderas acciones contrarias a la Constitución por parte del Ejecutivo y del Legislativo, o si solamente vela por la vida fifí de los ministros.

rosyrama@hotmail.com

*Nota del Editor: Foto: SCJN*