OPLES, pongan las barbas a remojar…

El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ayer tomó una decisión que trasciende a los 32 OPLES: Ordenó la destitución de todos los consejeros, de todas las consejeras, y de la Consejera Presidenta del Instituto de Elecciones y de Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

Bueno, de quienes quedaban, porque tras las elecciones chiapanecas del 2015 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) destituyó a tres consejeros, prácticamente por las mismas razones por las cuales la Sala Superior terminó de destituir al resto: Vulneración de los principios de paridad de género y por irregularidades en el procedimiento del voto de los chiapanecos en el extranjero.

De hecho la resolución de la Sala Superior dejó firme la destitución de los primeros tres, y determinó remover a los demás, incluida la Consejera Presidenta. El magistrado Manuel González Oropeza preguntó: “¿Por qué tres, y no todos, si fue todo el Consejo chiapaneco el que inobservó la ley? Palabras más, palabras menos.

¿Y por qué trasciende a los OPLES del país? Porque igual sanción pueden imponer a consejeros y consejeras electorales, así como a los consejeros presidentes, cuando su conducta actualice alguna de las hipótesis previstas en el artículo 102 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), relativas a su destitución.

Tal precepto establece que los consejeros electorales de los OPLES podrán ser removidos… “por incurrir en alguna de las siguientes causas graves”:

a) Realizar conductas que atenten contra la independencia e imparcialidad de la función electoral, o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de terceros.

b) Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar.

c) Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos.

d) Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las disposiciones generales correspondientes.

e) Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento y no haberse excusado del mismo.

f) Dejar de desempeñar injustificadamente las funciones o las labores que tenga a su cargo, y

g) Violar de manera grave o reiterada las reglas, lineamientos, criterios y formatos que emita el Instituto en términos de la Base V, Apartado B), inciso a), numeral 5 del artículo 41 de la Constitución. Para los efectos de este inciso se considera violación grave, aquélla que dañe los principios rectores de la elección de que se trate.

¿Qué disposición violó el OPLE de Chiapas? La contenida en el inciso “b”; es decir, las consejeras y los consejeros electorales, así como la Consejera Presidenta actuaron con “notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de (sus) funciones o labores…”

Imagínense, justificándose, dijeron desconocer la existencia de la jurisprudencia emitida por la Sala Superior en materia de paridad de género. ¿En serio? Supongan que sí; sin embargo, la paridad es un mandato constitucional y legal. Caray, estas normas son básicas.

¿Cómo aprobaron entonces los exámenes para ser consejeros de OPLE?

Además, el desconocimiento de los mandatos no los exime.

Por eso, el magistrado Pedro Esteban Penagos les dio un coscorrón al decirles que negligencia es igual al “desconocimiento inexcusable de una disposición legal”. Y constituyendo autoridad electoral, tienen la obligación de conocer los criterios y jurisprudencia para aplicarlas en sus resoluciones. Para eso están los OPLES, no para complacer a los partidos políticos y Poderes.

Penagos explicó diversos acuerdos, hasta con plazos y toda la cosa, en los cuales argumentó que las y los consejeros chiapanecos sí conocían la jurisprudencia.

La magistrada Carmen Alanís se mostró decepcionada del OPLE chiapaneco, cuyos consejeros y consejeras no garantizaron la paridad de género en el registro de candidaturas a las presidencias municipales, y porque los partidos sustituyeron a los candidatos por las esposas de éstos, quienes quedaron como regidores; y una vez asumido el mandato, las esposas renunciaron a favor de los maridos.

¿¡Qué tal!? ¡Cuánta corrupción y cinismo!

“Y los casos más lascivos”, dijo Alanís fueron candidaturas del PVEM, PRI y PT. ¿Será porque el gobernador de Chiapas milita en el Partido Verde? ¿Entonces el OPLE chiapaneco obedecía órdenes de Manuel Velasco y de partidos diversos?

Seguramente así fue. De otra manera es inexplicable la irregularidad imperdonable en el procedimiento del voto de los chiapanecos en el extranjero, lo cual salió a flote cuando electores llegaron a las urnas a votar y los funcionarios de casilla les dieron la noticia de que no podían votar porque “ya habían votado en el extranjero”. ¡Imagínense!

¿Qué pasó? Pues una mapachería: Usurparon la voluntad de electores que nunca salieron de Chiapas, haciéndolos aparecer como residentes en el extranjero y desde ahí votaron.

Definitivamente, los consejeros, las consejeras y la Consejera Presidenta del OPLE chiapaneco se ganaron a pulso la destitución.

Caso OPLE oaxaqueño

En descargo de las consejeras y de los consejeros electorales, así como del consejero presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), Gustavo Meixueiro Nájera, diremos que su negligencia no ha sido tan grave como la de sus homólogos de Chiapas.

¿O no ha salido a la luz pública?

Sin embargo, ha sido evidente la constante vulneración de los principios rectores de la actividad electoral: Independencia, imparcialidad, objetividad, legalidad, certeza y máxima publicidad.

¿En cuántas causas de destitución se han ubicado? Quizá en más de una.

Apenas en los registros de las candidaturas a las diputaciones locales y a concejales a los ayuntamientos, movieron sus propios lineamientos en paridad de género porque así se los solicitó la coalición PRI-PVEM, y quizá también la coalición PRD-PAN. Es decir, trampearon la paridad en relación a la competitividad de los partidos en los distritos electorales.

Por tanto, la Sala Xalapa del TEPJF y el Tribunal Electoral local dieron revés a los registros.

Sin embargo, el Consejero Presidente, en la sesión de cumplimiento de la sentencia de la Sala Xalapa, justificó la modificación porque hasta después de aprobados los lineamientos se percataron de que efectivamente la competitividad trazada en papel no era la real para los partidos. Algo así.

¿En serio? ¿Y porque no se dieron cuenta antes?

En fin, que casi a regañadientes el OPLE oaxaqueño cumplió la sentencia y ajustó las candidaturas a la paridad de género.

De todos modos, como dice la sabia filosofía popular, mejor “pongan las barbas a remojar”. Porque los magistrados de la Sala Superior dejaron bien claro que no basta con cumplir las sentencias para evitar las sanciones.