Morena, ¿en serio por renunciar al 50% del financiamiento público?

La presidenta nacional de MorenaYeidckol Polevnsky, declaró a la prensa que su partido está dispuesto a renunciar al 50% de las prerrogativas que ha calculado para 2019 el Instituto Nacional Electoral (INE).

Estaría perfecto. Es más, que todos los partidos políticos con registro nacional, y también aquellos con registro local, renuncien a su prerrogativa de financiamiento público, así como a otras como, por ejemplo, las inútiles franquicias postal y telegráfica.

Oigan, ¡en la era de tanta modernidad todavía prevalecen tales franquicias! Pretextos para sangrar más al pueblo mexicano al cual dicen defender y proteger.

Ojalá y los partidos pudieran renunciar al 50% del financiamiento público que el Estado les otorga a través del INE y de los Organismos Públicos Locales (OPL). Ah, porque reciben doble: Una financiamiento federal y otro en cada entidad federativa.

¿Por qué creen que cual más quiere constituir un partido político? ¿O por qué creen que algunos líderes casi enloquecen cuando el partido pierde el registro? ¡Porque es un negocio bien redituable! Vaya, los partidos hasta se encuentran en un régimen especial en cuanto al pago de determinados impuestos.

Si renuncian al financiamiento el Estado se ahorraría la mitad de los 4 mil 965 millones de pesos estimados por el INE para 2019 y cuya distribución acaba de realizar para cada partido, incluido el PES porque aún está pendiente la resolución sobre la pérdida de su registro.

Y decimos “ojalá pudieran” porque no pueden por el momento renunciar a las prerrogativas pues a ellas tienen derecho por mandato de la Constitución Política General y las leyes electorales segundarias.

Mmm… ¿o si pueden? Los especialistas deberían analizar muy bien el tema porque como es un derecho recibir financiamiento público, entonces cabe la renuncia a ese derecho.

Quizá por lo mismo en el proceso electoral 2017-2018, el INE permitió que algunos partidos renunciaran a determinado porcentaje de su financiamiento para ayudar a los damnificados por los sismos de septiembre, pero vía la Tesorería de la Federación.

O sea, te lo devuelvo y tú aplícalo. Y al devolverlo, el dinero dejó de corresponder al financiamiento de los “generosos” partidos, que más bien aprovecharon la oportunidad para hacer proselitismo con la “buena acción”.

Lo que sí, la norma es muy clara cuando obliga a los partidos a utilizar el financiamiento público “exclusivamente para los fines destinados”. Y el fin es el sostenimiento de sus actividades ordinarias cuando no hay proceso electoral; hay financiamiento adicional para campañas electorales.

Ese fin es la razón por la cual el Consejo General del INE había sancionado a Morena porque fue el único partido que no autorizó la devolución a la Tesorería de la Federación, sino habría aplicado de manera directa recursos del financiamiento público para ayudar a los damnificados mediante un fideicomiso paralelo.

Sin embargo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio reversa al acuerdo del INE. De esas resoluciones jurisdiccionales inentendibles, más que políticamente.

La historia es harta sabida.

Retomando el tema. Quién sabe si Yeidckol Polevnsky en realidad prevé que Morena renuncie al 50% de los más de 600 millones de pesos de financiamiento público en 2019; es el partido que se lleva el mayor monto de esta prerrogativa. O si lo dijo solo por salir del paso a la pregunta de reporteros.

En algo sí tiene mucha razón la líder morenista: En que el financiamiento público “se debe reducir a la mitad para que el dinero se vaya a lo que tanta falta hace. Es inaceptable que haciendo falta tanto dinero, los partidos reciban tanto”.

Claro, hay quienes consideran necesaria dicha prerrogativa sin disminución alguna para evitar que el crimen organizado, o cualquier otra fuente ilícita, financie a los partidos. Es la razón por la cual hasta ahora el financiamiento público prevalece sobre el privado.

No obstante, sí es posible reducir las prerrogativas. Por ejemplo, modificando la fórmula para calcular el financiamiento público, eliminando las franquicias postales y telegráficas, quitándoles los privilegios fiscales y algunas de las cuotas para actividades específicas.

Actualmente, el financiamiento ordinario se calcula multiplicando el número de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral (con corte al 31 de julio) por el 65% del valor de la Unidad de Medida y Actualización. Y así resulta un dineral.

¿Por qué no calcularlo en base a la Lista Nominal que siempre es más baja que el Padrón Electoral? ¿O de acuerdo al número total de los votos emitidos en alguna de las últimas elecciones? Y lo que resulte distribuirlo de manera equitativa entre todos los partidos.

Ya hay varias iniciativas de ley en la Legislatura Federal para modificar las prerrogativas de los partidos. Incluso, habría que reducirles el acceso a los tiempos de radio y televisión a cuenta del Estado, así se verían obligados a realizar trabajo de tierra y no solo mediático.

En fin, cualquier modificación operaría en lo subsiguiente, sobre todo en cuanto hace al financiamiento porque primero son necesarias las reformas constitucionales y legales para presupuestar conforme a las mismas.

rosyrama@hotmail.com

*Nota del Editor: Foto: lopezobrador.org.mx*