Gobernadores, hora del federalismo

Como dice la frase “todo es según el color del cristal con que se mira”, y así se ha visto el federalismo a lo largo de la historia. En otras palabras, ha sido según el color de los gobiernos.

Y tan acostumbrados estamos los mexicanos al presidencialismo que hasta en los dos sexenios en que gobernó Partido Acción Nacional (PAN), Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, las entidades federativas se sometieron a la Presidencia de la República.

Ciertamente, en la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las entidades delegan a la Federación (poder central) algunas facultades, libertades y competencias. Es el Pacto Federal y precisamente las entidades están unidas en torno a éste.

Sin embargo, la unión tampoco significa sumisión; ni rebelión ante un Presidente de la República emanado de filiación distinta de la mayoría de los gobernadores como es el caso de Andrés Manuel López Obrador, fundador y líder moral del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

En estos tiempos, más allá de los principios doctrinarios, el federalismo debe entenderse como un trabajo coordinado en pro de las entidades y de la Nación.

Por lo tanto, ni Andrés Manuel debe apretar, amenazar, supeditar, condicionar a los gobernadores, ni éstos deben rebelarse ante las decisiones benéficas para los estados.

Como Presidente de la República AMLO seguramente tendrá en sus manos el destino y la libertad de varios gobernadores cuyo actuar tenga en colapso financiero a la entidad de que se trate. Y debe, como lo prometió, aplicar el Estado de Derecho.

Sin embargo, tampoco debe ser pretexto para tomarse como proselitismo electoral a favor de Morena. Y los gobernadores, por su parte, tampoco van a obstaculizar los proyectos del Presidente en beneficio del pueblo mexicano.

En ese contexto, parece saludable el encuentro entre la gobernadora y los gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con el Presidente Electo, en un marco republicano y federalista, en la cual le plantearon 5 temas principales.

En el primero, prácticamente hicieron varios planteamientos, como los siguientes: “Definir con claridad las fuentes de financiamiento” para los programas sociales, “y conocer qué implicaciones tiene para fondos como las Provisiones Salariales y Económicas, conocido como ‘Ramo 23’”.  

Parece que los gobernadores priistas, en ese planteamiento, recogen el sentir de buena parte de los mexicanos porque si bien la mayoría está de acuerdo en la conformación de un presupuesto con sentido social, también es necesario saber de dónde saldrá el dinero para ampliar, por ejemplo, los programas sociales.

Es necesario, agregaríamos, integrar padrones de beneficiarios perfectamente claros para evitar siga ocurriendo lo mismo de siempre: Que los recursos se usen electoralmente o lleguen a manos de personas sin necesidad de ellos.

En este mismo punto, los mandatarios plantean “conocer la propuesta del gobierno electo sobre el gasto en infraestructura, porque usado correctamente tiene un efecto multiplicador importante, para generar empleos y dinamizar las economías locales”. 

Cierto. Pero ¿quieren decir que en ese tipo de gasto debe considerarse a las entidades y a los municipios? O sea, ¿qué no se centralice? Tendrían razón, porque cada entidad y cada municipio tiene necesidades propias en infraestructura.

Un planteamiento más fue la reducción del IVA no solo en la franja fronteriza, sino en otras regiones del país “con la intención de atraer más inversiones”.

En realidad es necesario que los próximos legisladores del Congreso de la Unión, junto con el equipo de transición del Presidente Electo, impulsen un nuevo esquema fiscal menos lacerante para los empresarios grandes, medianos y pequeños.

Menos lacerante y más flexible. Porque si el gobierno busca más recaudación, consigue lo contrario con esquemas tan abusivos y amenazantes. Y francamente, quienes recienten son los medianos y pequeños inversionistas. Y así no crece la economía del municipio, de la entidad y del país.

Segundo tema: La seguridad pública. La gobernadora y los gobernadores priistas, en su posicionamiento, quieren saber (y la mayoría de los mexicanos también) “si el Presidente Electo impulsará la aprobación de la Ley de Seguridad Interior”.

Dicha Ley, “en su contenido le da marco de participación a la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina en el combate a la delincuencia organizada”. Y se ha escuchado la tendencia al respecto.

Mmm… pues la mayoría de los partidos opositores al PRI se han opuesto a la referida Ley. Y amén de su contenido, ciertamente la actuación de las fuerzas armadas en las calles de localidades donde se ha enseñoreado el crimen organizado, ha dado ciertos resultados.

Claro, tiene sus riesgos como que en algún momento también sean infiltradas.  

Sin duda, es un tema para mucho diálogo y acuerdos entre gobernadores de todas las filiaciones políticas y el Gobierno Federal.

Porque además, en algunas entidades es el propio mandatario respectivo el promotor de la delincuencia organizada; y en municipios lo es el presidente municipal. Urge revisar la problemática.

Tercer tema: El nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La gobernadora y los gobernadores priistas, quieren “conocer la metodología, el presupuesto y el equipo responsable de ejecutar (la) consulta” sobre la viabilidad de su construcción. 

Independientemente de los objetivos (políticos) y de la preocupación de los mandatarios, lo cierto es que un nuevo aeropuerto no solo es de interés de los capitalinos o del Gobierno Federal, sino también de las entidades federativas.

Cuarto tema: “Conocer la naturaleza y alcance de las funciones de los llamados Delegados de Programas Integrales de Desarrollo.” El texto del posicionamiento no lo cita de manera expresa, pero entendemos que incluye a los Coordinadores Estatales de Gobierno Federal.

Bien, quizá sea éste el tema central del posicionamiento de la gobernadora y de los gobernadores priistas, y preocupación también de los mandatarios de otras filiaciones.

Y miren, los mexicanos en general necesitan saber cuáles serán las funciones de los Coordinadores y Delegados Federales; no hay claridad. Tampoco en cuanto a la desaparición de las actuales delegaciones.

Claro, los gobernadores no quieren perder poder. Sin embargo, tienen razón cuando argumentan lo siguiente: “El Pacto Federal no conoce de autoridades intermedias. El adelgazamiento de la burocracia, con el que estamos de acuerdo, no puede obstruir el diálogo entre los estados y la federación”.

No puede haber dos autoridades con igual poder, o una por encima de otra, máxime si los representantes del Gobierno Federal quieren dar órdenes a los mandatarios, pues a pesar del Pacto Federal las entidades son soberanas en su régimen interior.

O que tales representantes quieran manejar todo el presupuesto o ministrárselo a cuenta gotas a los gobernadores y a los presidentes municipales. Lo que sí debe existir son reglas más estrictas para fiscalizar los recursos asignados a las entidades y a los municipios.

En fin, que en el posicionamiento la gobernadora y los gobernadores priistas de una vez dejaron claro al Presidente Electo que solo tendrán trato directo, no con sus achichincles.

Así, manifestaron: “Nuestro trato con el Gobierno Federal será constructivo y respetuoso, pero siempre de forma directa con su titular, así como con los integrantes de su Gabinete, con quienes buscaremos mejorar cada vez la coordinación, el entendimiento y el trabajo en beneficio de la sociedad.”

 Y quinto tema: Más que planteamiento, es la notificación al Presidente Electo de que los legisladores federales y locales del PRI tienen como prioridad en sus agendas reglas claras para el combate a la corrupción.

Claro, en el ámbito local también actúan autoridades municipales de filiación morenista.

En fin, el triunfo de la izquierda no solo en las elecciones a la Presidencia de la República, sino también en los comicios de legisladores al Congreso de la Unión, parece que puede sacar del letargo el esquema federalista.

Ojalá y los gobernadores priistas igual le hubieran leído la cartilla al Presidente Enrique Peña Nieto, pero lo dejaron hacer y deshacer; y éste procedió igual con los mandatarios. Y ahí están los resultados.

Suscribieron el posicionamiento: Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Gobernadora del Estado de Sonora, y los siguientes gobernadores:  Rafael Alejandro Moreno Cárdenas de Campeche, Miguel Ángel Riquelme Solís de Coahuila, José Ignacio Peralta Sánchez de Colima, Alfredo del Mazo Maza del Estado de México y Héctor Antonio Astudillo Flores de Guerrero.

Además: Omar Fayad Meneses de Hidalgo, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz de Jalisco, Alejandro Ismael Murat Hinojosa de Oaxaca, Juan Manuel Carreras López de San Luis Potosí, Quirino Ordaz Coppel de Sinaloa, Marco Antonio Mena Rodríguez de Tlaxcala, Rolando Rodrigo Zapata Bello de Yucatán y Alejandro Tello Cisterna de Zacatecas

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*Nota del Editor: Foto: Conago*