El éxito o el fracaso de la política indígena de AMLO se medirá en Oaxaca

En el curso del sexenio veremos si Andrés Manuel López Obrador como Presidente de México le cumple a los pueblos indígenas y afromexicanos o solamente los utilizó en campaña y en el acto mediático de entrega de bastón de mando y ritual de limpia.

Y cumplir significa traducir sus promesas y compromisos en hechos concretos: Caminos, escuelas, clínicas de salud, palacios municipales, proyectos productivos, auto-empleo, luz eléctrica o solar, telefonía rural, internet y hasta canchas deportivas y mercados.

O sea, desarrollo, progreso; que a su vez significa salir de las condiciones de pobreza y de pobreza extrema en que se encuentran los pueblos y comunidades indígenas en nuestro país, sin que casi nada cambie para ellos sexenio tras sexenio.

Y Oaxaca será la medida del éxito o el fracaso de la política indígena de AMLO, porque es la entidad con mayor número de pueblos y comunidades indígenas en el país. Tan solo de sus 570 municipios, 418 se rigen por sistemas normativos indígenas, y en ellos se asienta la mayoría de ocho mil pueblos originarios locales.

Pero además porque dos oaxaqueños tienen las riendas de la política indígena: La diputada federal Irma Juan Carlos (Morena), presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, corresponsable de la ley que crea el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que encabezará Adelfo Regino Montes.

Ambos deberán velar por la transversalidad en la aplicación de las políticas públicas y del presupuesto a favor de los pueblos originarios de nuestro país y, principalmente, de Oaxaca, donde AMLO tiene con éstos una deuda moral, política y electoral.

Verán, el fondo indígena en el Presupuesto de Egresos de la Federación en 2018 ascendió a alrededor de 75 mil millones de pesos, de los cuales a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) solo correspondían ocho mil millones.

Y distintas dependencias del Gobierno Federal tenían presupuesto de ese fondo indígena pero sus reglas de operación no las obligaban (por así decirlo) a invertirlo en pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Por eso lo importante sería que todo el fondo indígena fuera operado mediante reglas de operación similares a la extinta (CDI) y que suponemos fueron trasladadas al INPI y mejoradas para garantizar que los recursos se apliquen a indígenas y, en consecuencia, se detone el desarrollo de nuestros pueblos.

El INPI debe coordinar cada programa y cada peso destinado a los pueblos y comunidades indígenas. Conste, no estamos diciendo que debe manejar cada peso, pero sí coordinar su aplicación para evitar desvíos.

Claro, también las instancias competentes del gobierno federal deben revisar con lupa la aplicación correcta y efectiva de los recursos destinados a los pueblos y comunidades indígenas, no sea que los funcionarios del INPI se despachen con la cuchara grande agazapados en la autonomía del Instituto.

Y no nos referimos a Adelfo Regino, quien ciertamente hasta ahora ha sido una persona honesta y honorable, sino a quienes merodean el INPI con el ánimo de incrustarse en su estructura a sabiendas que han dejado mala imagen por donde han pasado.

¿Y LA POLÍTICA INDÍGENA DEL GOBIERNO DE ALEJANDRO MURAT Y DE LA BANCADA DE MORENA?

Siendo el estado de Oaxaca predominantemente indígena es para que las políticas públicas en la materia del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa fuesen de avanzada y de aplicación transversal sin ningún lugar a dudas.

Sin embargo, no ha sido así del todo.

De entrada la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) ha estado abandonada y solamente ha servido de trampolín electoral; aunque cuando se creó (al parecer en el sexenio del priista José Murat) tenía fines concretos, transversales y efectivos.

Pero después la dependencia quedó al garete, y ni siquiera el gobernador de “izquierda” Gabino Cué Monteagudo la dignificó. Por cierto, en el sexenio gabinista Adelfo Regino fue el titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas; un titular muy acotado por falta de recursos estatales para operar programas y proyectos.

La SAI era más bien una ejecutora del Gobierno Federal y hasta eso, ejecutora de migajas.

Y ahí ha estado abandonada la SAI; incluso hasta acéfala durante cinco meses desde que Francisco Montero se vio involucrado en un delito electoral, cuya consecuencia fue el asesinato de la joven María del Sol Cruz Jarquín, jefa de prensa de la dependencia obligada a cubrir una campaña electoral.

Y por fin el gobernador recientemente nombró a Eufrosina Cruz Mendoza como Secretaria de Asuntos Indígenas. Mejor perfil no podía encontrar, pues ella ha sido una incansable defensora y gestora de las causas indígenas con enfoque de género.

Su lucha y su quehacer legislativo a favor de los pueblos y comunidades indígenas han trascendido las fronteras nacionales e internacionales. Qué más da su ideología, porque al fin de cuentas su objetivo es claro: Los indígenas y las mujeres indígenas.

Es la única que entiende y siente lo mismo que Adelfo Regino porque ambos son orgullosamente indígenas. Y es la única que puede ponerse al tú por tú con el representante del Gobierno Federal en la búsqueda de recursos para los pueblos de Oaxaca.

Sin duda, Eufrosina puede hacer y conseguir buenas acciones. Sin embargo, en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado a la SAI solamente destinan 25,320,845.91 millones de pesos, y casi todo para gasto corriente.

Vaya, presupuestan mucho más para la Consejería Jurídica: 322,806,207.12 millones de pesos, y también para la Jefatura de la Gubernatura: 26,711,413.01 millones.

Los diputados locales, principalmente el grupo parlamentario de Morena (que es el mayoritario), tendrán que ajustar el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para armonizar la prioridad de AMLO: Los pueblos y comunidades indígenas.

Una prioridad también impostergable en el gobierno de Alejandro Murat.

URGE EL PEF

Urge que el Congreso de la Unión apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación (y todo el paquete Económico) para que en las entidades federativas hagan lo propio las Legislaturas Locales.

Porque hay entidades donde está por vencer el plazo para la aprobación del Presupuesto Estatal. Aunque claro, pueden tomar un acuerdo y hacerlo ley para esperar al PEF, porque no se puede presupuestar nada en el aire.

rosyrama@hotmail.com

*Nota del Editor: Foto: lopezobrador.org.mx*