El dilema de la promoción de las “corcholatas” presidenciables

Realizar actividades políticas-proselitistas en estos momentos en el Estado de México y en Coahuila, sin lugar a dudas pueden considerarse actos anticipados de precampaña o de campaña, puesto que prácticamente es la víspera de los respectivos procesos electorales locales, que según el calendario del Instituto Nacional Electoral (INE) iniciarán alrededor del uno de enero del 2023. 

En Coahuila la ciudadanía elegirá gubernatura, 16 diputaciones de mayoría relativa y 9 diputaciones de representación proporcional. Y en el Estado de México nada más elegirán gubernatura; y claro, ésta será la ‘joya de la corona’ de las elecciones locales del próximo año que antecederán a la sucesión presidencial. 

Faltan cinco meses y fracción para el inicio de los procesos electorales locales en ambas entidades federativas. Y aun así parece mucho; sin embargo, es la antesala. Y las personas aspirantes a los cargos de elección popular deben guardar una postura casi de estatua: Sin moverse, ni pronunciarse sobre sus sueños electivos. 

Igual los partidos políticos; deben evitar realizar mítines proselitistas, máxime si son en exceso evidentes. En política, la forma es fondo. 

Si lo hacen, tanto aspirantes como partidos políticos pueden caer en actos anticipados de precampaña o campaña, lo cual queda mucho a criterio de las autoridades electorales (administrativas y jurisdiccionales), porque en realidad la ley no marca una fecha exacta a partir de la cual empiecen a contar los actos anticipados. 

Es una laguna en la legislación, la cual tiene todo un océano sobre los actos anticipados relativos al proceso electoral a la Presidencia de la República para las elecciones de 2024, el cual debe empezar a principios de septiembre de 2023, salvo que una reforma electoral previa modifique los plazos. 

Bueno, la legislación se refiere a actos de precampaña y campaña en general. Pero, por ejemplo, no precisa el tiempo para considerarlos como tales: ¿Seis meses, un año, cinco años, diez años; indefinidamente? 

El contexto anterior viene a colación con relación a la tutela preventiva dictada por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE al resolver una denuncia del PRD en contra de Morena, de varias de sus ‘corcholatas’ locales y presidenciables, servidores públicos, así como en contra de gobernadoras y gobernadores electos, por el acto denominado “Unidad y Movilización”, celebrado el 26 de junio de 2022 en el municipio Francisco I. Madero, en Coahuila. 

Más que por dicho acto, concretamente por “indebida promoción personalizada, uso de recursos públicos, actos anticipados de campaña, la vulneración a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda y actos de proselitismo vinculados al Proceso Electoral Local 2023 en Coahuila y el Proceso Electoral Federal 2024.” 

Mmm, cuando resolvió la denuncia sobre el acto similar efectuado en el Estado de México, la misma Comisión declaró improcedente la tutela preventiva , al considerar que, en principio, se trata de hechos futuros de realización incierta con relación al 2024. 

Las lagunas –culpa del legislativo-- siempre ponen contra la pared a la autoridad electoral. Y la última palabra la tendrá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, anunció que este partido político impugnará la resolución de la Comisión del INE que otorgó las medidas cautelares para evitar en lo sucesivo actos similares. 

Un largo “shssss” a Morena, ‘corcholatas’ locales y presidenciales, gobernantes y titulares del Ejecutivo electos, y hasta al presidente Andrés Manuel López Obrador. 

El ‘estate quieto’, el ‘silencio’, en el caso de los procesos electorales locales puede estar justificado dada la proximidad del inicio de éstos, aun cuando falten cinco meses y fracción. Pero en el caso del arranque del proceso electoral federal, falta más de un año. Es justo lo que deben poner bien claro tanto el INE como el TEPJF. 

O en su caso, una reforma electoral. ¿La tan anunciada por Morena? 

Independientemente de ello, Mario Delgado tiene razón cuando dice que no se puede coartar a la militancia de Morena el derecho político electoral de reunirse y de expresarse; de realizar actividades ordinarias como partido político, entre las cuales se cuenta el activismo. 

Sí. 

Sin embargo, como dice el dicho: “No hagas cosas buenas que parezcan malas”. Vaya, que no sean tan obvias.  

Si Morena está placeando a sus ‘corcholatas` presidenciables, cuando menos eviten los contingentes de apoyo que se desgañitan con porras o vítores a favor de “X” o “Y” ‘corcholatas’; banderines o mantas con sus nombres, apoyos en redes sociales. 

Involucrarlos como simple invitados de honor o como oradores, pues quizá vale siempre y cuando no hablen de sus aspiraciones, y sus fans se queden mudos. 

Búsquenle la forma de cómo no afectar principios electorales. Porque, además, el derecho electoral no es cuadrado, y queda mucho a la valoración de las personas magistradas, quienes, en su mayoría buscan, garantizar principios fundamentales como la equidad. 

OTRAS CORCHOLATAS 

No solo las “chocholatas” presidenciables de Morena andan promocionándose, sino también cuadros de otros partidos políticos, aunque no en actos masivos, ni de manera tan abierta. Pero sí han manifestado sus aspiraciones en entrevistas. 

Ahí está, por ejemplo, el Gobernador de Oaxaca, el priista Alejandro Murat Hinojosa, quien últimamente ha aparecido en la portada de dos revistas (“Quien” y “Líderes, Proyecto de Nación”), donde en sendas entrevistas se auto-define como la “mejor alternativa” y la “mejor opción” para México. 

Aunque su caso bien puede ampararse en el derecho de la libertad de expresión, sobre todo en función de los medios de comunicación. 

Por el PRI también está Enrique de la Madrid, y hasta el mismo presidente nacional de este partido, Alejandro Moreno Cárdenas. 

Incluso, el simple hecho de llevar su nombre grabado en letras grandes en la camisa, como lo hacen Moreno Cárdenas y el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés (también aspirante presidencial), debe considerarse como promoción. 

En fin, es todo un dilema frenar la promoción de las ‘corcholatas’ presidenciables. Será interesante ver cómo lo resuelven las autoridades competentes.  

rosyrama@hotmail.com 

*Nota del editor: imagen en portada: especial Internet*