De Delegaciones de Gobierno a “Oficinas de Representación”

Ya el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados Federal,  presentó la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, o sea, a las bases al andamiaje legal de la estructura del Ejecutivo que Andrés Manuel López Obrador encabezará a partir de diciembre próximo.

Una iniciativa además en consenso con el propio Presidente Electo y con Julio Sherer Ibarra virtual Consejero Jurídico en el entrante gobierno de AMLO. Claro, en consenso, no podía ser de otra manera. Y la propuesta es interesante, aunque como toda maquinaria, es necesario probarla para saber si funciona y cómo funciona.

Por lo pronto en el papel suena de la siguiente manera: Para el despacho de los asuntos, la próxima administración pública contará con 19 Secretarías, además de una Consejería Jurídica, y que son las siguientes:

Gobernación (1), Relaciones Exteriores (2), de la Defensa Nacional (3), de Marina (4), de Seguridad y Protección Ciudadana (5), de Hacienda y Crédito Público (6), de Bienestar (7), de Medio Ambiente y Recursos Naturales (8), de Energía (9) y de Economía 10).

Así como con las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural (11); de Comunicaciones y Transportes (12), de la Función Pública (13), de Educación Pública (14), de Salud (15), del Trabajo y Previsión Social (16); de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (17); de Cultura (18) y Secretaría de Turismo (19).

Hay cambios no solamente en nombres, sino también en funciones. Incluso, algunas áreas que hasta hoy dependían de determinada Secretaría, dependerán de otra. Por ejemplo, Liconsa y Diconsa pasarán a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a un organismo  denominado Seguridad Alimentaria Mexicana (Sealmex).

Mmm… ¿en el fondo significará que se acabó la discrecionalidad en ambas paraestatales? ¿O será al revés? Les digo que suena interesante. Cada disposición propuesta merece una atención con todo detenimiento.

Y como ya solo falta un mes y diez días para la transición del Poder Ejecutivo y es la víspera de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, Mario Delgado Carrillo hizo énfasis en la urgencia de aprobar cuanto antes la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Pues claro; caso contrario, después los diputados pueden caer en ambigüedades e ilegalidades cuando sean necesarias las reasignaciones presupuestales para cada dependencia.

LAS COORDINACIONES Y DELEGACIONES

En fin, uno de los temas interesantes en dicha iniciativa es la suerte de las Delegaciones de Gobierno, que AMLO dijo desaparecerá. Y sí desaparecerán, aunque no del todo.

Mmm… ¿cómo explicarlo? Veamos: Desaparecen con la estructura y funciones (así como en presupuesto). Sin embargo, subsistirán como “Oficinas de Representación”, siempre y cuándo se justifique la necesidad de las mismas en determinado lugar.

Y aquí prácticamente transcribimos párrafos de la iniciativa, en la cual se refiere:

 “Se propone la creación de las nuevas unidades administrativas denominadas ‘Delegaciones de Programas para el Desarrollo’, las cuales tendrán como función las tareas de coordinación de acciones entre las autoridades estatales y municipales y el Ejecutivo federal. De igual forma, dicha unidades verificarán las acciones estratégicas en materias prioritarias, y llevarán a cabo la supervisión del debido cumplimiento en la prestación de servicios y trámites a cargo de las dependencias y entidades federales, en las entidades federativas.

“Los titulares de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo serán designados y dependerán jerárquica y funcionalmente del coordinador general de Programas para el Desarrollo, asimismo contarán con las facultades que señale el reglamento de la Oficina de la Presidencia.

“Con esta propuesta las dependencias y entidades de la administración pública federal operarán bajo un sistema de mayor eficiencia administrativa, para garantizar que los trámites más comunes y trascendentales para los mexicanos, establecidos en el Registro Federal de Trámites y Servicios (aproximadamente mil 200), sean desahogados bajo criterios de atención eficiente.

“Además, con la presente reforma, se pretende establecer las bases para redimensionar el gasto público destinado a los órganos desconcentrados de acuerdo al criterio territorial, ya que actualmente existen alrededor de 2 mil 300 delegaciones, subdelegaciones y oficinas de representación de dependencias y entidades de la administración pública federal, que ejercen más de 5 mil 300 atribuciones previstas en la legislación y otras disposiciones aplicables; por lo anterior es fundamental cambiar, con una visión crítica, la forma en que se ha desempeñado la autoridad federal en los estados.

“En vista del cambio organizacional propuesto en la presente iniciativa se deberá ajustar la composición de las oficinas que hasta el día de hoy representan a las distintas instancias de la administración pública federal. En ese marco de actuación, subsistirán exclusivamente las que sean necesarias, de forma tal que se procederá a ajustar el gasto, replantear su funcionalidad y sobre todo medir con base en resultados el ejercicio de todas sus funciones. Por lo anterior, la presente iniciativa no sólo se limita a establecer una nueva figura administrativa, sino también establece la obligación de:

“1. Realizar una revisión integral de las actuales 2 mil 300 delegaciones, subdelegaciones y oficinas de representación de dependencias y entidades federales existentes;

“2. Las dependencias y entidades de la administración pública federal deberán presentar los resultados de la revisión integral ante el titular del Poder Ejecutivo federal;

“3. Aquellas delegaciones hoy existentes cuya presencia no se considere útil y resulte onerosa serán suprimidas, para ello se propone un plazo que permita identificar todos los factores que están relacionados con su funcionamiento, así como verificar y transparentar el uso y destino de los recursos públicos destinados a su funcionamiento.

“No obstante que se propone cambiar el nombre de las delegaciones de las dependencias y entidades federales, como una señal inequívoca de la decisión de transformarlas en espacios para la atención a la ciudadanía y a la sociedad en general, es necesaria la subsistencia de oficinas que atiendan trámites y procedimientos que requieren algunas Secretarías de Estado o dependencias de la administración, las cuales se denominarán “Oficinas de Representación”.

“Dichas oficinas atenderán las necesidades del titular de la Delegación de Programas para el Desarrollo respectiva, únicamente para efectos de enlace entre las entidades federativas y la autoridad federal y permanecerán, en términos jurídicos y de aplicación de la norma correspondiente, sujetos a la dependencia o entidad de la cual emana la facultad que se aplica.

“La recomposición del modelo de la administración federal desconcentrada territorialmente parte del reconocimiento de que es indispensable contar con un órgano que coordine la gestión de trámites y servicios que ofrece el gobierno, a partir de los siguientes ejes:

“1. Se dispone la existencia de una Delegación de Programas para el Desarrollo por cada entidad federativa cuyas funciones se basarán en dos pilares: la coordinación con las autoridades estatales y municipales, y la coordinación con las oficinas de representación de las dependencias y entidades federales;

“2. Las funciones administrativas de dichas delegaciones de programas para el desarrollo serán reguladas en el reglamento de la Oficina de la Presidencia;

“3. Las actuales delegaciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal se transformarán en las ‘Oficinas de Representación’ de aquéllas, en las entidades federativas. Esas oficinas estarán jerárquica y funcionalmente adscritas a las respectivas dependencias y entidades, con el objeto de que los actos de autoridad que éstas emiten sigan substanciándose de manera regular y no se cree incertidumbre jurídica a la ciudadanía. Dichas oficinas habrán de ejercer las facultades y las atribuciones que por materia hoy atienden.

“4. Se establece un periodo de transición de conformidad de 180 días, contados a partir de la publicación del reglamento respectivo, a efecto de que la estructura administrativa de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo quede constituida y otro, de igual duración, a efecto de que las dependencias y entidades, le presenten al titular del Poder Ejecutivo un análisis de costos y beneficios sobre la necesidad y viabilidad de mantener determinadas oficinas de representación, en virtud de los trámites y servicios que otorgan a la ciudadanía y el impacto que se generaría con su posible desaparición.”

Correo: rosyrama@hotmail.com

*Nota del Editor: Foto: lopezobrador.org.mx*