Administradores municipales, control económico y político en Oaxaca

Los administradores municipales, una figura anticonstitucional, genera ámpula en el estado de Oaxaca, donde a falta de ayuntamientos se nombran representantes con dicha denominación, los cuales ejercen prácticamente las mismas funciones que el presidente municipal.

Actualmente hay 17 municipios donde el Ejecutivo estatal nombrará administrador, el cual tiene como fin conducir la administración municipal mientras se convoca a elecciones extraordinarias previa la procuración de las condiciones necesarias para la celebración de los comicios.

Sin embargo, la praxis, que ha pervertido la figura del administrador municipal, ha generado el rechazo de la presencia de estos representantes en base a amargas experiencias de saqueos de las arcas municipales y de desestabilización provocada por los mismos administradores para evitar la celebración de elecciones extraordinarias a fin de continuar en la conducción del municipio por el periodo constitucional.

Además del control económico, la figura del administrador municipal ha derivado en un control político electoral.

Ese es el temor prevalente en la mayoría de los 17 municipios oaxaqueños donde no hay ayuntamiento por conflictos electorales; con excepción de Santa María Xadani del régimen de partidos políticos, los otros 16 se rigen por Sistemas Normativos Internos.

La figura de administrador municipal fue creada por las administraciones estatales priistas como una autoridad temporal (distorsionada al paso del tiempo por las ambiciones de los mismos administradores o de grupos políticos), cuyo nombramiento correspondía al titular del Ejecutivo, pero cuando el PRI pierde la gubernatura los diputados locales de la llamada “Legislatura de la transición” se auto-asignan la facultad.

Entonces casi todos los partidos políticos con representación legislativa, pero principalmente el PRI, el PRD y el PAN, se reparten el nombramiento de los administradores municipales en los municipios sin ayuntamiento. Previo a finalizar el ejercicio de la “Legislatura de la transición” le devuelven la facultad al Ejecutivo, pero la Legislatura siguiente se la quita y se la auto-asigna.

Y ocurrió lo mismo: Las fracciones parlamentarias se repartieron el nombramiento de los administradores municipales. Entonces el presidente de la Junta de Coordinación Política era el líder de la bancada del PRI, Alejandro Avilés Álvarez, actual Secretario General de Gobierno, y predominaron sus administradores.

En las dos últimas Legislatura, antes de la actual, el PRI no tuvo mayoría; sin embargo, impuso su voluntad con la complacencia de una oposición (con sus honrosas excepciones) acostumbrada al acuerdo para sacar tajada para beneficio particular o de grupos políticos.

Previo a la conclusión del ejercicio de la anterior Legislatura, los diputados regresaron al Ejecutivo la facultad de nombrar a los administradores municipales, en vez de optar por desaparecer dicha figura que atenta en contra de la autonomía municipal y en contra de los derechos político electorales de los ciudadanos de los municipios carentes de un ayuntamiento pero con la oportunidad legal de realizar elecciones extraordinarias.

En la nueva administración estatal, de extracción priista, el Secretario General de Gobierno, Alejandro Avilés Álvarez, ha llevado la conducción de pláticas y reuniones con los grupos en conflicto de los 17 municipios donde no hay ayuntamiento, y donde se supone que desde los primeros días del mes en curso debieron estar nombrados los administradores para acelerar la generación de condiciones de estabilidad a efecto de convocar a elecciones extraordinarias en un plazo no mayor de 90 días.

Sin embargo, no hay información oficial sobre el nombramiento de los administradores municipales. Y el lunes en la noche circuló una lista, que alguien filtró, donde figuran los nombres de personas que en periodos anteriores han fungido como tales en diferentes municipios, como si se tratara de un servicio civil de carrera o, en otras palabras, de la profesionalización de dichos representantes, en algunos casos ya maleados.

La lista de nombres propuestos para administradores generó ámpula en diversos municipios sin ayuntamiento, y la crítica de la opinión pública local porque, además, predominan los nombres de personas afines al Secretario General de Gobierno.

Incluso, en el caso del municipio de Santa María Xadani (de régimen de partidos) los propios priistas se manifestaron en contra del nombramiento de Luis Alberto Álvarez Mendoza como administrador municipal.

Mediante un comunicado, dijeron que “no permitirán el saqueo de las arcas municipales a través de un administrador impuesto desde las altas esferas del poder (y) tampoco permitirán que las administraciones municipales sigan siendo un negocio para unos cuantos a expensas del bienestar de los ciudadanos”.

Y como casi en todos los municipios sin ayuntamiento, los habitantes de Santa María Xadani exigen elecciones extraordinarias pronto.

Hay municipios como Ánimas Trujano, donde ya hubo la aceptación del nombramiento de un administrador municipal tras una reunión con el Secretario General de Gobierno; a cambio, se les ofreció el respaldo institucional suficiente para el restablecimiento de los servicios básicos en la población. Según la información oficial, el administrador solo fungirá mientras se convoca a elecciones extraordinarias.

El problema será que se cumpla con la convocatoria a comicios; caso contrario, el conflicto volverá a estallar en dicho municipio donde hace algunas semanas los grupos en conflicto se retaron pistolas en mano en plena luz del día, muy al estilo el Viejo Oeste.

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