La ira presidencial

Para nadie es un secreto la ira que acompaña al presidente Andrés Manuel López Obrador. Está a flor de piel y es parte de su carácter, de su manera de ser. Provocarla no representa dificultad alguna. Lo saben sus colaboradores, adversarios, críticos y cuantos lo rodean. Es el talón de Aquiles del mandatario.

Sin embargo, no se le había visto perder la compostura de la manera tan grotesca como lo hizo el viernes pasado cuando, en un acto que viola la ley, dio a conocer públicamente los presuntos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola, luego de revelar el modo de vida ostentoso y posible tráfico de influencias de su primogénito, José Ramón López Beltrán.

Loret, a través de un reportaje publicado en Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, exhibió la vida “ultrafifí” que lleva el mayor de los hijos de López Obrador en Estados Unidos, quien ocupó una mansión propiedad de Keith Schilligs, un alto ejecutivo de la petrolera Baker Hughes que tiene contratos con Pemex.

Casualmente, mientras José Ramón habitó la residencia, junto con su pareja, Caroline Adams, la firma se benefició de mayores contratos, así lo reveló Julen Rementería, coordinador parlamentario del PAN, en el Senado. Con datos de Pemex, explicó que los contratos de Baker Hughes pasaron de 2,900 millones de pesos en 2018, a 4,110 millones en 2019, 6,494 millones en 2020 y 8,850 millones el año pasado. En 3 años, más de 19 mil millones de pesos.

La documentada investigación periodística de Latinus muestra la fastuosa condición en que se desenvuelve José Ramón López Beltrán, quien dice trabajar como asesor legal de desarrollo y construcción de la empresa KEI Partners, en Texas, sin mostrar documentos que confirmen sus dichos y generando más suspicacias, debido a que su empleador, Daniel Chávez, es asesor de su padre en el Tren Maya.

La publicación de Latinus pegó justo en el punto de flotación de López Obrador: su ficticia lucha en contra de la corrupción y su discurso de la austeridad. La demagógica frase del “no somos iguales”, terminó por hacerse pedazos e impactar en lo más profundo del ego palatino, bajo la justificación de: “al parecer la señora tiene dinero”.

Sin duda, al mostrar durante la mañanera del pasado viernes la información privada de los “supuestos” ingresos de Loret de Mola, el presidente López Obrador evidenció el talante autoritario que le caracteriza y su aversión a la crítica, por fundamentada que ésta sea. Hasta el día de hoy, el mandatario no ha podido refutar los señalamientos del reportaje.

La estrategia para intentar deslegitimar, agredir y callar al mensajero, ideada en Palacio Nacional, resultó un fracaso rotundo. Un amplio sector de la sociedad reprobó y condenó el ataque al comunicador y a la libertad de expresión.

El apoyo en diferentes medios electrónicos y particularmente en las “benditas redes sociales”, fluyó casi de inmediato; se convirtió en abrumadoras tendencias en Twitter. A través de Twitter Spaces, la cuenta “Sociedad Civil México” convocó a un foro de discusión sobre los constantes ataque que reciben periodistas y activistas desde el poder; el ejercicio duró 9 horas con 45 minutos y 639,000 cuentas pasaron por ahí. Ni el ejército de bots, talibanes y serviles del oficialismo, pudieron frenarlo.

Y no se trata de defender a ultranza a Loret. El fondo del asunto es la transgresión a las leyes, los cada vez más incontrolables afanes autoritarios y la intimidación sin tapujos que ejerce el presidente de México. Es aquí donde radica lo grave del tema.

Si López Obrador se precia de ser un presidente respetuoso de la democracia, tiene la obligación de sujetarse al escrutinio público y de la prensa. Rebajarse a ventajoso pendenciero, no ayuda a que trascienda como un buen mandatario. Cierto que tiene el derecho a disentir, pero sin exabruptos y en estricto respeto a las leyes.

La realidad no puede cambiarse a base de distractores, de violencia verbal y de intimidaciones. No es por ahí el camino. México precisa hoy, con urgencia, frenar la polarización social que a nadie beneficia. Y en esa tarea debe ser pieza fundamental el jefe del Ejecutivo quien debe enfocarse a solucionar los graves problemas de inseguridad, violencia, pobreza, inflación y pandemia de Covid.

VERICUENTOS

Monreal-libertad de expresión

Ricardo Monreal, líder de la Jucopo en el Senado, afirmó que “la prioridad más importante del Estado mexicano” es la protección de los periodistas. Ojalá lo entiendan sus compañeros de Morena, ante el incremento en los niveles de violencia verbal y física que ya dejó cinco comunicadores asesinados en lo que va del año. ¡Órale!

Sonora y la indiferencia presidencial

Una vez más, Andrés Manuel López Obrador ignoró a las familias víctimas de la violencia, durante su visita a Sonora.  El colectivo Madres Buscadoras de Sonora advirtió en sus redes sociales: “Cada día es más cansado mendigar la atención de un presidente que parece no importarle la tragedia de este país y sus desaparecidos”. Ceci Flores, presidenta del colectivo, publicó: “Tenemos años pidiendo dialogar con usted. Tal pareciera que el tema de los desaparecidos es un tema que para usted y su gobierno no existen. Triste y doloroso para quienes confiamos en usted tantos años”. ¡Uf!, qué decepción.

@guillegomora

*Nota del editor: imagen en portada: captura de pantalla*