Veracruz: el desafío criminal al gobierno de AMLO

Sin aclarar aún el presunto secuestro de 22 migrantes centroamericanos por un grupo armado en Tamaulipas, que los bajó de un autobús foráneo el pasado 7 de marzo, ya el gobierno federal enfrenta el abierto desafío del crimen organizado en estados como Guanajuato, Jalisco y Veracruz.

Una región de esta última entidad prácticamente fue avasallada por los criminales el fin de semana reciente. La mañana del viernes último, efectivos de la Fuerza Civil enfrentaron a sujetos armados con armas largas en la comunidad Otapa, en Tlalixcoyan. Los uniformados abatieron a cuatro integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).  En la casa de seguridad donde se refugiaron los transgresores, aseguraron armas largas, cargadores para armas de distintos calibres, juegos de esposas, chalecos antibalas y siete cascos balísticos, informaron las autoridades locales.

Lo anterior desató la furia del CJNG. En el municipio de Tierra Blanca integrantes del Cártel Jalisco, que viajaban en 27 camionetas persiguieron y atacaron a cinco elementos de la Fuerza Civil, perdiendo la vida uno de los policías. Más tarde, durante la noche, realizaron un ataque armado a las instalaciones de la Delegación de Tierra Blanca, que fue repelido por los policías, sin causar bajas. La agresión duró aproximadamente 20 minutos y fue asegurado un vehículo en cuya cajuela había seis explosivos caseros (bombas molotov), confirmó la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

En la carretera Cordoba-Veracruz, en la región de La Tinaja, los delincuentes quemaron cinco tráileres. También colocaron narcomantas en el puerto, Boca del Río y Coatzacoalcos, donde amenazan a las autoridades de la SSP veracruzana. Es decir, las bandas delictivas no tienen el menor temor a las policías locales, y parece que tampoco a las fuerzas armadas ni a la Policía Federal.

No hay duda alguna, por lo visto, los delincuentes están dispuestos a defender a sangre y fuego sus lucrativos “negocios” que anualmente les reditúan ganancias millonarias. El enfrentamiento con el gobierno en sus tres niveles así lo demuestra. Lo preocupante radica en que el Estado exhibe una incapacidad alarmante para hacer frente al infierno que han construido los virulentos criminales.

Cierto, la ola de violencia viene desde hace dos sexenios, pero durante la administración obradorista indudablemente ha tomado nuevos bríos. Estados como Nuevo León donde se había logrado contener el embate criminal, la incidencia delictiva volvió a los altos niveles de antaño. Nadie vive en paz, incluso el alguna vez considerado municipio más seguro de México, San Pedro Garza García, comenzó a registrar agresiones por parte de rufianes. Sencillamente, hasta los millonarios padecen.

Mientras que Jalisco, sede del mencionado CJNG, destaca por la actividad criminal y las fosas clandestinas halladas en el territorio. Basta recordar los 108 cadáveres localizados en diciembre de 2018, que fueron sepultados de manera subrepticia en la población de San Sebastián, Tlajomulco.

Y la lista de entidades donde la seguridad brilla, pero por su ausencia, es amplia y caben puntualmente, con muchos méritos, el Estado de México y la propia Ciudad de México, por ejemplo. El Edomex, gobernado por el priista Alfredo del Mazo, está inmerso en un abismo de inseguridad tal, que es considerado un oasis por los criminales organizados y por los delincuentes “comunes”.

Por supuesto que la tarea principal del gobierno actual debe responder sin tardanza a la exigencia principal de la sociedad: seguridad. En tanto los delincuentes tengan aterrorizada a la ciudadanía, no se puede hablar de una administración que va en el sentido correcto. Por el contrario, se puede asegurar que un gobierno es incompetente, cuando no es capaz de otorgar seguridad en su persona y en sus bienes a cada uno de los mexicanos. Y en México la inseguridad y violencia es una pesadilla.

 “No vamos a resolver el grave problema de la inseguridad y de la violencia sólo con el uso de la fuerza, tenemos que atender las causas que originan la violencia, tenemos que reactivar la economía, crear empleos, que haya desarrollo, bienestar, atención a los jóvenes y de esa manera vamos a tener condiciones favorables para garantizar la paz y la tranquilidad”, reconoció este domingo el presidente López Obrador durante la clausura del Foro Nacional para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo.

Desde luego que el gravísimo problema de la inseguridad en el país, insistimos, es complejo y multifactorial. Para combatirla precisa de una estrategia perfectamente planeada y diseñada. Es evidente que la usada hasta ahora ha fracasado. Los delitos no disminuyeron, por el contrario, se incrementaron de manera sustantiva. Los ríos de sangre no cesaron con el nuevo gobierno.

A nadie le beneficia esconder la cabeza ante la incontenible violencia. Pero es el gobierno quien tiene el deber constitucional de erradicarla pues posee la estructura humana y material para hacerlo. La población está harta de tantas muertes violentas, asaltos, robos, extorsiones, secuestros, narcomenudeo, pero también de la demagogia gubernamental y sus insultantes evasivas ante una encomienda que no puede rehuir. El pueblo sabio y bueno necesita resultados, no palabrería.

@BTU15  

*Foto: Especial Internet*