Un muro en la Corte para AMLO

Un auténtico muro es con el que se topó el presidente López Obrador en otro de los poderes de la Unión: el Judicial. Concretamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La confrontación va creciendo y polariza aún más el ya de por sí enrarecido ambiente político y social que priva en el país.

El intercambio de acusaciones, ofensas y descalificaciones, entre el mandatario -junto con  sus incondicionales que lideran ambas cámaras del Congreso- e integrantes del mencionado Poder Judicial, se volvieron una constante. La causa está perfectamente identificada: la nueva Ley Federal de Remuneraciones. Esta es la manzana de la discordia. Una manzana, por cierto, muy apetitosa.

Bajo el pretexto de la llamada “austeridad republicana”, la nueva norma jurídica prohíbe a todo funcionario ganar más que el Presidente de la República. Los 108 mil pesos pretenden ser el límite infranqueable al que debe sujetarse quien sirva a la administración pública. Pero a nadie le agrada que de la noche a la mañana le rebajen sustancialmente el sueldo y acoten, además, una envidiable serie de prestaciones. En esta situación se encuentran los ministros de la Corte.

“Hay deshonestidad cuando un funcionario público acepta recibir hasta 600 mil pesos mensuales, eso es corrupción. En un país con tanta pobreza, si un servidor público quiere ganar 600 mil pesos mensuales, es un acto de deshonestidad”, afirmó López Obrador. Aunque no los llamó por su nombre, son los ministros de la SCJN, quienes obtienen esos ingresos, integrados por salario bruto, prestaciones, aguinaldo, compensaciones, apoyo de gastos, estímulos, seguros, asignaciones adicionales, bonos y primas. Por supuesto, nada que ver con los 88.36 pesos del salario mínimo.

Si entendemos correctamente la afirmación presidencial, y los señores ministros perciben 600 mil pesos mensuales, entonces esos “virreyes” del máximo tribunal son corruptos. Tal vez por eso se explica la virulenta reacción mediática y legal con que éstos respondieron al ordenamiento del tabasqueño para meter en cintura a la burocracia dorada y sus exorbitantes emolumentos.

Pero a la resistencia de los ministros se sumó la de magistrados, jueces, secretarios y actuarios, entre otros elementos del Poder Judicial quienes presentaron miles de amparos en contra de la mencionada Ley de Remuneraciones. Cuestionado acerca de ello, López Obrador atizó la hoguera: “El servicio público no es para hacer dinero; es para servir a los ciudadanos”, les recordó.

Incluso, el titular del Ejecutivo les refutó una de las excusas: “Acerca de que si ganan menos, se va a fomentar la corrupción; eso es poco serio, muy poco serio”. No obstante, la nomenclatura del multicitado Poder Judicial, en franca “rebeldía”, parece no estar dispuesta, en ese tema específico, a la acostumbrada sumisión que suele adoptar frente a la omnímoda figura presidencial.

Así que la suspensión de la Ley de Remuneraciones ordenada por la SCJN este jueves, ya se veía venir y no sorprende ni al más ingenuo de los ciudadanos. Ahora sucede que de la noche a la mañana, el manejable Poder Judicial pretende hacer realidad su desprestigiada autonomía. Es más, a juzgar por su oposición a la decisión de AMLO para recortarles los salarios, no están dispuestos a ceder ni un centavo de sus privilegiados salarios. En otros temas quizás, pero jamás en el dinero.

Y los doctos señores de la Suprema Corte, prepararon con tiempo el terreno para frenar en seco los planes de austeridad salarial en ese tribunal, pues sabían lo que se les venía encima. Así que durante su discurso de despedida como miembro del Pleno de la SCJN, el ministro saliente, José Ramón Cossío Díaz, alertó que la crisis de la democracia está trastocando la imagen general de la justicia constitucional, lo cual consideró muy peligroso.

“Porque la democracia, en el apoderamiento de los órganos de Estado, está suponiendo que puede hacerse, desde los órganos de Estado, lo que venga en gana porque al final de cuentas se tiene un gobierno legítimo y mayoritario”. El misil de Cossío Díaz fue dirigido sin contemplaciones al presidente de México. El mensaje fustigó con inusual dureza las decisiones del líder morenista.

Y en su exposición, el hoy ex ministro, precisó: La función central de la justicia constitucional es precisamente retener esos intentos. El rompimiento entre el Ejecutivo y la casta divina de la SCJN pareciera inminente. Más en la práctica, el “pleito” de los ministros, no es tal. Saben lo que arriesgan. Todos ellos fueron colocados o palomeados desde la esfera presidencial. Resulta patético que la cacareada defensa de una autonomía inexistente esté basada sólo en el tema monetario.

Desde luego que seguiremos atestiguando más capítulos de esta telenovela bananera. Donde los ministros y jueces serán juez y parte. También observaremos la defensa a ultranza de la “austeridad morenista” y de la risible soberanía en que se escudan quienes integran la cúpula de la Suprema Corte de Justicia. El conflicto es a causa de  una vulgaridad. Una vulgaridad llamada dinero. Así que no se trata de autonomías que sólo existen en la imaginación febril de los señores ministros, hay que decirlo con su nombre: es cuestión de dinero, nada más.

STATU QUO

A propósito de ministros y austeridad, ¿AMLO tendrá presente que la secretaria de Gobernación, la exministra Olga Sánchez Cordero, formó parte de la SCJN? Porque doña Olga ahí disfrutó de los sueldos fabulosos y prestaciones que hoy critica. La pensión que Sánchez Cordero recibe desde diciembre de 2015, asciende a 258 mil pesos mensuales, más una serie de costosas prerrogativas.   

@BTU15   

*Nota del Editor: Foto: BTU*