Tlahuelilpan: los costos del “huachicoleo”

La explosión del ducto perforado en Tlahuelilpan, Hidalgo, conmocionó a la sociedad mexicana y colocó a México nuevamente en la atención mundial a causa de un acto ilícito. La noche del pasado viernes, 79 personas perdieron la vida  y unas 75 resultaron heridas, de acuerdo a cifras oficiales, mientras recolectaban gasolina Premium de una toma clandestina. Las advertencias del Ejército no fueron suficientes para convencer a los pobladores a que se retirasen del lugar por el peligro latente. Los 26 soldados fueron ignorados y optaron por alejarse para evitar agresiones de la gente.

El presidente López Obrador aseguró el mismo viernes, que la actitud de las Fuerzas Armadas durante el suceso fue correcta y oportuna, al tiempo de insistir que el personal militar no confrontará a las multitudes ni responderá a ataques de civiles.

Al menos dos horas transcurrieron desde que fue reportada la fuga de combustible, hasta el momento del estallido. Las escenas mostradas en los medios de comunicación y las redes sociales exhibieron el infierno que se produjo tras la conflagración. Cuerpos totalmente calcinados, personas corriendo o caminando aún con llamas en el cuerpo. Un penoso escenario dantesco y cruel en una región, donde, según el director de Pemex, en el municipio de Tlahuelilpan se efectuaron 10 tomas clandestinas en los tres meses que precedieron a ésta, que originó la desgracia.

Tlahuelilpan es sólo la brutal confirmación de la magnitud que tiene el robo de combustibles en nuestro país. Es tal la envergadura del problema, que ningún presidente en el pasado se atrevió a entrarle en serio al llamado “huachicoleo”. Las utilidades que dejan tan lucrativo delito a las bandas criminales y sus cómplices al interior de Pemex son multimillonarias, capaces de corromper al mismo tiempo a cuanto trabajador y funcionario de la empresa productiva sea necesario.

Cerrar los ductos para que no sean “ordeñados” es una leve e insuficiente medida paliativa. Con esto se ataca de manera muy parcial uno de los efectos del latrocinio. Lo que debe combatirse es la o las causas. Es imperativo investigar y llevar ante la justicia a los cabecillas, a los autores intelectuales de la depredación que desde hace décadas se realiza de los hidrocarburos.

Una semana escaza había transcurrido desde que pobladores robaron combustible de otro ducto en Acambay, Estado de México. La multitud se llevó gasolina en lo que pudo: bidones, cubetas, contenedores; cualquier recipiente era bueno. Durante la acción la policía estuvo presente, pero como se ha vuelto costumbre, solo presenciaron el hurto, sin intervenir. Un permiso implícito.

La extracción ilegal de combustibles es planeada y ejecutada, cierto, por los grupos criminales que han encontrado en ello una mina de oro. Pero sería imposible concebirla sin la participación de personal de Petróleos Mexicanos y de la tolerancia, al menos, desde los altos niveles del gobierno.

Ahora bien, como sucede en el caso de la siembra de mariguana y amapola –es imprescindible subrayarlo-, el “huachicoleo” se ha fortalecido con una base social. Así hemos visto como en las zonas donde predomina esa acción criminal, pobladores enfrentan a soldados y los agreden. No son los delincuentes, sino parte del “pueblo bueno y sabio” referido por el presidente de México. Es decir, el crimen organizado actúa como una especie de Robin Hood y permite que esos ciudadanos tomen parte –migajas, de hecho- del botín mayor. Esto constituye, asimismo, una especie de barrera formada por hombres, mujeres, jóvenes y niños para evitar la “intromisión” de policías y militares.

Desde luego que en las  comunidades donde prevalece el mencionado “huachicoleo”, no todo es atribuible a la pobreza y falta de empleo. Hay habitantes que se han decantado por esta labor para obtener ingresos de manera más fácil y rentable. Hay un profundo problema social en esto. Así lo admitió AMLO: “No vamos a enfrentar problemas sociales con el uso de la fuerza, la violencia con la violencia, al justificar la retirada del Ejército previo a la explosión del ducto en Tlahuelilpan”.

“Nos duele que éstas prácticas se hayan arraigado en los últimos tiempos. Seguiremos llamando a la gente a que no participe en estos ilícitos y que no apoyen a los que distribuyen combustible de tomas clandestinas”, manifestó López Obrador.

A esta realidad se ha sumado la conformidad tácita del presidente López Obrador quien ha reiterado el no castigo a pobladores que practiquen el “huachicoleo”. “Nosotros no vamos a apagar el fuego con el fuego. No vamos a enfrentar la violencia con la violencia. No se puede enfrentar el mal con el mal, eso está demostrado, eso no es solución. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien”, aseguró al referirse al caso de Tlahuelilpan. Y para que no quede duda al respecto, enfatizó: “Ante eso, vamos a seguir con la misma política de respetar los derechos humanos, de no responder a agresiones, de no querer enfrentar problemas sociales con el uso de la fuerza”.

La estrategia contra el pillaje de gasolinas mostró las fuertes resistencias enraizadas en cierto sector social, y el fin de semana cobró la vida de muchos mexicanos. Un daño colateral muy doloroso.    

@BTU15

*Nota del Editor: Foto: Especial Internet*