Ocho periodistas asesinados en 74 días, ¿y el gobierno?

Son ya ocho los periodistas ejecutados en México en tan sólo dos meses y medio. Este martes asesinaron en su domicilio a Armando Linares López, director del portal Monitor Michoacán, quien había denunciado amenazas. La barbarie en contra de comunicadores se exacerbó durante el actual gobierno quien muestra un enorme desdén para protegerlos y una clara aversión hacia ellos.

En medio de la brutal polarización social, alentada de manera cotidiana desde la propaganda mañanera en Palacio Nacional, las descalificaciones, amenazas y hostigamiento hacia periodistas que no forman parte del grupúsculo de abyectos aplaudidores, y critican con argumentos las pifias del trabajo presidencial, se volvieron sistemáticos desde los primeros días de la gestión obradorista.

Resulta evidente que al gobierno del presidente López Obrador no le interesa, a pesar de la retórica para intentar convencer de lo contrario, la seguridad de quienes ejercen el noble y fundamental trabajo periodístico. Esto cambia de modo mágico si al tabasqueño le dedican loas y besan su mano.

Ocho periodistas masacrados en 74 días es una muestra macabra de la podredumbre generada por la inseguridad y violencia en México, de la pasividad gubernamental, su ineficacia para evitarlo y, en particular, la terrible impunidad con la cual operan en el país los diversos grupos delincuenciales.

Toda democracia se cae a pedazos cuando carece de una prensa crítica; cuando los errores y abusos del oficialismo y quienes lo encarnan, se dejan pasar, se cubren o se disfrazan con palabrería y politiquerías demagógicas. Una prensa libre que no sea alcahueta del poder en turno es indispensable para toda sociedad libre, fortalecida y madura. No entenderlo es propio de regímenes autoritarios que no hacen sino detener el progreso de los pueblos y postrarlos en la miseria.

Y es lo que peligrosamente está sucediendo en México. Las agresiones de cualquier clase a periodistas incómodos, tanto del gobierno en sus tres niveles, como las de los cárteles que operan en el territorio nacional, socavan el ya de por sí endeble estado de derecho. Cada comunicador o medio silenciado es un atentado directo al Estado y sociedad. Así actúan los autoritarios ante la falta de argumentos. La violencia es su arma favorita para acallar voces y plumas que disparan la verdad.

Cada caso donde un periodista es ajusticiado por las balas de sicarios, permite escuchar la misma palabrería barata de las autoridades: “Se hará justicia”, “No quedará impune”, “Daremos con los culpables materiales e intelectuales”, seguidas de las hipócritas condolencias a las familias que se quedan desamparadas, y en el mejor de los casos –si es que lo hay- una fingida condena.

México está convertido desde hace tiempo en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Incluso supera en ello a naciones en guerra o conflictos bélicos internos. No hay excusa que valga para dejar de garantizar que los comunicadores realicen su labor con la seguridad necesaria. Por ello, el presidente López Obrador está obligado a darles esa certeza y respetarlos.

Hasta hoy no se nota en esta nación el tan pregonado cambio. En todo caso lo hay en la mayor inseguridad, violencia, en el incremento de feminicidios, el aumento de millones en condición de pobreza y pobreza extrema, también en los miles y miles de muertos a causa del Covid-19 por una pésima estrategia para enfrentarla. Asimismo, en los gigantescos traspiés económicos, en el alza de los energéticos, alimentos, medicinas, canasta básica y en la destrucción de Instituciones.

Actualmente criticar al gobierno es igual o más peligroso que en los regímenes del PRI y PAN. No hay diferencia entre unos y otros. Les disgusta que la prensa crítica cuestione sus malas decisiones, sus pifias, su nepotismo, los negocios al amparo del poder, las infaltables corruptelas y los caminos equívocos por donde han llevado y llevan al país sin más logros que generar pobreza y desigualdad.

No obstante las atrocidades en contra de los periodistas incomodos para la clase política y los cada vez más poderosos cárteles del narcotráfico -que han diversificado sus actividades-, la verdad seguirá emergiendo una y otra vez para evidenciar las equivocaciones y conductas torcidas de quienes detentan el poder constitucional y el fáctico. Ese poder es efímero, aunque algunas mentes disparatadas sueñen en extenderlo a través de manipulaciones inmorales y perversas.

Con más de 50 periodistas asesinados durante su administración, el presidente López Obrador está imposibilitado de presumir democracia en el país, de que exista libertad de expresión plena, de que no hay censura. La sangre indeleble de esos trabajadores de la información pesa como una lápida en el prestigio y la conciencia de quien debió protegerlos y no lo hizo por menosprecio y soberbia.

STATU QUO

La detención y encarcelamiento de Jaime Rodríguez “El Bronco”, exgobernador de Nuevo León, tiene un tufo a venganza política y pasarela mediática del actual mandatario, Samuel García. Tampoco se descarta un distractor para que la sociedad regiomontana no se alborote por la gravísima escasez de agua potable de la cual el gobierno estatal anunció que se racionará.

@BTU15

© Benjamín Torres Uballe. Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso por escrito del autor.

*Nota del editor: imagen en portada: captura de pantalla*