México y su malogrado Estado de derecho

Ya es imposible hablar de un estado de derecho pleno en México. Hace tiempo se fracturó y hoy rápidamente se cae a pedazos. Con los grupos criminales operando a sus anchas por todo el territorio, las leyes pasaron a nivel secundario en el mejor de los casos. Desde el mismo gobierno se han asestado golpes demoledores al orden jurídico, el actual régimen se distingue por esa virulencia.

“Y que no me vengan a mí con ese cuento de que la ley es la ley”, expresado por el presidente López Obrador en abril pasado durante una de sus conferencias mañaneras, describe a la perfección el profundo desdén del mandatario morenista a la Constitución y las leyes que de ella emanan.  

Si el mismísimo titular del Ejecutivo se jacta de proteger a integrantes de los grupos criminales bajo el argumento de que también son seres humanos y recomienda a la sociedad recompensarlos con abrazos en lugar de balazos, no es posible esperar que los delincuentes se comporten de manera decente y cordial. Por el contrario, las tersas palabras del presidente son una especie de licencia.

Así, actos de terror como el sucedido en el bello San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el martes pasado, donde un numeroso grupo de sujetos encapuchados y portando armas largas, irrumpió en la localidad y durante horas mostró su poderío, incluso con disparos, no sorprenden. Las autoridades municipales no los enfrentaron porque los superaban en número y armamento, según el alcalde Mariano Díaz Ochoa. Es decir, el pueblo bueno y sabio está completamente indefenso.

Las autoridades locales en la república mexicana son el eslabón más frágil y de ello se aprovechan los delincuentes, pero no sólo ellos, sino la misma población a la que se le permite continuar con los peligrosos y absurdos –por llamarlos de manera suave- “usos y costumbres”, bajo los cuales se cometen atrocidades ante la condescendencia del gobierno federal, estatal y municipal.

Vender, literalmente, a niñas para matrimonios, es un ejemplo de la inmoralidad de tales “usos y costumbres”. Una práctica retrógrada y condenable desde cualquier arista que no admite justificación alguna. No, el pueblo bueno no siempre es sabio ni justo. La historia lo documenta.

Cómo es posible que una horda haya linchado y quemado vivo a un inocente por la estúpida sospecha de que era un robachicos. Daniel Picazo González, un joven abogado, fue víctima no sólo de la barbarie y la ignorancia en Huauchinango, Puebla, sino del abuso ancestral de los fatídicos “usos y costumbres” propios de una nación bananera. Pero el gobierno va de la mano con ese México bárbaro que hace justicia por propia mano y que, en esa aberración jurídica y moral, ha segado la vida de gente que ninguna culpa tenía. Puebla tiene un largo historial al respecto.

Mas el derrumbe del estado de derecho en México afecta amplias actividades de la dinámica social. Así, criminales pueden robarse 20 contenedores –finalmente las autoridades, en un mar de contradicciones, aseguran que “únicamente” fueron 16- en una operación que duró varias horas durante las cuales, ni las autoridades civiles, ni la Marina, encargada del puerto de Manzanillo se enteraron. Si bien el hurto sucedió al exterior, en el patio de maniobras de una empresa privada, el hecho ahí queda, igual que la sospechosa libertad con la cual actuó el grupo delincuencial.

Resulta imposible que México transite de una nación subdesarrollada –aunque el término desagrade a varios puristas- a una de avanzada, si tales pretensiones están cimentadas en la no observancia de las leyes y en el dejar hacer bajo la peregrina excusa de respetar las tradiciones. Nuestro país es poseedor de una extensa y rica cultura, como pocos países en el mundo, pero ese envidiable bagaje no incluye la barbarie, ni los linchamientos, ni demás brutalidades. Escudarse en pretextos para no aplicar la justicia, es una irresponsabilidad absoluta y la más grande demagogia.

Desde el momento en que la máxima instancia del poder protege y alienta las conductas ilícitas, nada bueno hay por delante. Por eso los elevados índices delictivos, por eso la muy alarmante impunidad y por eso la imparable reincidencia. México es uno de los países donde hay más impunidad aunque el señor presidente lo niegue y se enfurezca cuando es cuestionado sobre el tema. No se trata de politiquería, los datos duros en los asesinatos de periodistas y feminicidios por mencionar un par de delitos, muestran que la impunidad es prácticamente del cien por ciento.

Y no son los comunicadores quienes tienen que probarle al jefe del Estado mexicano que hay impunidad en México, las cifras de su propio gobierno son contundentes, basta que las vea; alguien de sus colaboradores cercanos debe explicárselo. Son la prueba irrefutable de que en el país impera la impunidad y un estado de derecho malogrado, cortesía de esa nefasta práctica.

@BTU15 

*Nota del editor: imagen en portada: captura de pantalla*