México: “Una seguridad en ruinas”

Prácticamente nadie se siente seguro en lugar alguno de la república mexicana. La violencia se enquistó y actualmente es un cáncer letal que invadió el tejido social. No sólo el crimen organizado se enseñoreó en todo el territorio nacional; la delincuencia común creció de manera exponencial. Hoy día, cualquier cobarde malnacido, armado con una pistola –de las que está lleno el país- violenta  a la hora que sea y donde sea. Las cifras oficiales de la incidencia delictiva son prueba fehaciente.

Es evidente, la seguridad de esta nación “está en ruinas”, tal como lo recordó, Alfonso Durazo Montaño, el expriista propuesto por Andrés Manuel López Obrador para ocupar la secretaría de Seguridad Pública. Y la afirmación del sonorense es incuestionable. La mayor preocupación social es la inseguridad, infierno en cuya lucha el gobierno de Enrique Peña Nieto fracasó de manera estrepitosa y que incluso trató de minimizar. No obstante, los miles de muertos son una realidad.

Tantas son las víctimas a causa de muertes violentas, que México está convertido en una tumba, como también lo subrayó Durazo. Las millares de fosas ilegales descubiertas y las que aún permanecen en la clandestinidad a la espera de que algún acto fortuito las revele, son una de las mayores vergüenzas para la cuestionada administración peñista, quizás por eso, es que dos de cada tres mexicanos desaprueban la gestión del mexiquense. (Encuesta del periódico El Universal https://bit.ly/2OD6DWN).

Y cuando se habla de una “seguridad en ruinas”, necesariamente el asunto conduce a otra pesadilla: la pulverización del Estado de derecho. Ello ha permitido los actos ignominiosos realizados en el gobierno por quienes lo integran, que además de inmorales infringen la ley; sin embargo, han sido solapados desde las más altas esferas del poder. Ahí están los ofensivos casos de La Estafa Maestra y la protección a la señora Rosario Robles Berlanga; también el tema del caso Odebrecht con la impunidad procurada a don Emilio Lozoya Austin; así como la negativa a castigar a los verdaderos responsables de la pésima obra del Paso Exprés en la Autopista México-Cuernavaca, cuyo socavón ocasionó dos muertos, aun así, Gerardo Ruiz Esparza, el titular de la SCT, sigue en el puesto.

Cierto que las causas de la inseguridad son muchas y variadas. Pero la principal de todas es la omnipresente impunidad que alienta toda clase de fechorías, aunada a las perversas relaciones entre las “fuerzas del orden”, los criminales, y políticos o funcionarios del más alto nivel.

“No hay crimen organizado en el país… que no avance de la mano de la protección policial, pero no hay protección policial al crimen organizado que no esté amparado o patrocinado a su vez por un alto político o por un alto funcionario público”, acusó Alfonso Durazo este martes en Morelia, Michoacán, durante uno más de los foros organizados por el presidente electo con el fin de pacificar al país, una tarea, por cierto, que parece complicarse, pues las familias agraviadas no parecen estar dispuestas ni a perdonar ni a olvidar, tal como lo pretende López Obrador.

Hasta ahora, una de las cosas rescatables de los foros, es que se hayan abordado de manera clara las obvias complicidades y la trama entre quienes delinquen y aquellos que, desde el lado de la ley y el gobierno deberían evitarlo, pero que se exasperan y ofenden a niveles ridículos cuando se les critica y señala por torcer las leyes y socavar el mencionado Estado de derecho.

Irónicamente, en México el discurso oficial cada vez que sucede un hecho de violencia –o sea, todos los días- insiste en que nadie está por encima de la ley y se llegará al fondo de la investigación para castigar a los culpables, “trátese de quien se trate”, lo cual no deja de ser una hilarante utopía, pues de ser cierto, esta nación no estaría ubicada entre las más peligrosas del mundo, ni formaría parte de las más corruptas, ni tendría la elevadísima tasa de feminicidios, o permanecería como una de las más peligrosas para ejercer el periodismo, tampoco permitiría que el narco asesinara a presidentes municipales o los impusiera. Así que el vapuleado Estado de derecho es una quimera.

No queda por lo tanto, sino estar de acuerdo con el próximo secretario de Seguridad Pública federal, el señor Durazo Montaño: al próximo gobierno le heredarán una “seguridad en ruinas”. A pesar de lo delicado y complejo del problemón, el reto debe ser resuelto, tal como lo prometió en su campaña don Andrés Manuel López Obrador. Los mexicanos están hartos de la violencia, de asaltos, robos, muertes violentas, secuestros, extorsiones y, sobre todo, de los latrocinios de la hipócrita y perniciosa clase política ligada a los criminales, ah, y de la peregrina idea de perdonar a delincuentes.

STATU QUO

Luego de vivir espléndidamente como rey a costa del erario, el expanista Ernesto Cordero, actual presidente de la Mesa Directiva del Senado, anunció su retiro de la política el próximo 31, día en que termina la presente legislatura, y con ello todos los “beneficios” de la curul. Dijo que se va “satisfecho de lo realizado en estos seis años”. Con los altísimos sueldos (dietas) y extensas prerrogativas, cualquiera se iría más que satisfecho. Nadie lo va a extrañar, fue un legislador a modo para el PRI.

@BTU15