La Suprema Corte (o un paradisiaco virreinato)

México es un país donde prácticamente uno de cada dos de sus habitantes se encuentra en condición de pobreza, según cifras oficiales correspondiente al año 2016 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). El último censo de este organismo, documenta que 53.4 millones de ciudadanos se encuentran en esa precaria condición y 9.4 millones en pobreza extrema. Ésta es la dura realidad de un país dominado por la corrupción y la violencia.

No obstante, en medio de tan lacerante situación que lastima y ofende a las partes más bajas del estrato social y de alguna manera a toda la nación azteca, destaca la oligarquía que desde hace siglos se apodera sexenalmente de los recursos públicos. En dicha nomenclatura, emergen sin pudor alguno la clase política y la alta burocracia convertidos en una perniciosa plaga dispuesta siempre a devorar lo que se encuentre a su paso mediante perniciosas “estrategias” gubernamentales: corrupción, desvío de recursos públicos, nepotismo, contratismo, moches y las vastas prebendas.

Pero dentro de esa repudiada minoría, destacan dos grupos cuya ralea es ultrajante: los gobernadores y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Los primeros, una especie de virreyes que han hecho del latrocinio su actividad favorita. Ahí está, como ejemplo inobjetable, el caso de los ex mandatarios estatales encarcelados por sus pillerías con el dinero del erario o por nexos con la delincuencia: Javier Duarte (Veracruz); Roberto Borge (Quintana Roo); Guillermo Padrés Elías (Sonora); Tomás Yarrington  (Tamaulipas) y Eugenio Hernández (Tamaulipas), entre varios, y sin mencionar a César Duarte (Chihuahua), extrañamente prófugo de la justicia.  

Sin embargo, los señores ministros que conforman la Suprema Corte, son todo un caso de cinismo y abuso disfrazado. Las prerrogativas de que disfrutan no se construyeron de un día para otro. Han tejido ese entramado de amplios “beneficios” a través de muchos sexenios; “derechos” a los cuales hoy, se niegan rotundamente ya no a renunciar, sino a disminuir. El sueldo, es uno de ellos.

De acuerdo a información del periódico El Economista (https://bit.ly/2F5GXxO),  un ministro de la SCJN gana 269 mil 215 pesos mensuales contra los 108 mil que devengará el próximo presidente de la República, es decir, más de lo doble. Pero no es todo lo que recibe esa casta privilegiada; hay que sumar los 444 mil 380 que reciben por concepto de aguinaldo y prima vacacional, más 554 mil 595 de pago por riesgo (¿?). El total de lo que gana al año cada ministro asciende a 4 millones 229 mil 555 pesos. Una verdadera “bagatela”, que nada tiene que ver con los 32 mil 233.68 que anualmente obtiene un trabajador mexicano con salario mínimo. Así la brutal desigualdad en este país.

A pesar de lo ofensivo que para el pueblo resulta el paraíso económico del que disfrutan los favorecidos ministros de la corte suprema, esto es inamovible. Imposible de modificar,  según lo han reiterado en infinidad de ocasiones. Como lo hizo el propio ministro presidente, Luis María Aguilar Morales, el pasado 12 de julio, en su discurso durante la conmemoración del Día del Abogado, donde aprovechó para subrayar su postura al respecto y no dejar abierta posibilidad alguna:

“Repito, las condiciones de seguridad, estabilidad, remuneraciones dignas y capacitación, no son en beneficio personal de los juzgadores, ni mucho menos privilegios inconfesables de éstos, sino condiciones necesarias para un servicio público indispensable, ineludible de un país democrático que busca tener paz en el respeto a los derechos humanos de todos y construir con ello una sociedad más justa”, justificó con vehemencia el líder del máximo tribunal del país, donde, por cierto, el sistema judicial es uno de los más desprestigiados, corruptos e ineficaces.

Claro que ningún pretexto, por “legal” que éste sea, quita lo reprobable a los abusivos salarios, prestaciones y otros beneficios como automóvil, celulares, viajes y lavandería. No importa que, incluso, echen de por medio a la Constitución para asegurar que ésta prohíbe disminuir los sueldos a los señores ministros. Tampoco es relevante que una de las suyas, la exministra Olga Sánchez Cordero –próxima titular de Gobernación-, esté realizando el cabildeo necesario para que la sociedad no vea mal el hecho de que los once ministros de la SCJN conserven sus “estímulos” laborales, quienes, a lo más que generosamente están dispuestos, es a entrar en un plan de “austeridad”.   

Si que la tiene harto difícil el presidente electo de México, don Andrés Manuel López Obrador, para lograr que los “virreyes” de la Corte accedan a rebajarse el sueldo y disminuir el amplio paquete de “incentivos” para que hagan bien su chamba y no vayan a caer en las perversas tentaciones de la corrupción. Quizás estos brillantes y ejemplares integrantes del poder judicial piensen que la voluntad de AMLO debe hacerse con absoluto rigor, pero en los “bueyes de los compadres”.

Veremos cuál es la estrategia y decisión final de López Obrador en el asunto de los ministros, que presurosos se reunieron este viernes con el tabasqueño en un desayuno en la sede del máximo tribunal y en el cual ofrecieron reducir el próximo año, 5 mil millones de pesos en el gasto de la SCJN. Pero en el de ellos, nada, ni un solo centavo, así que seguirán ganando muchísimo más que el presidente en turno. Así se comportan los virreinatos que, en pleno siglo XXI, aún prevalecen en la república mexicana.

@BTU15      

*Nota del Editor: Foto: lopezobrador.org.mx*