La protección a Rosario, Gerardo, y Emilio

Cuando faltan 70 días para que Enrique Peña Nieto deje la Presidencia en medio de una profunda crisis de inseguridad, de la ignominiosa derrota de su partido en las elecciones pasadas, de un pésimo nivel de aprobación a su tarea, de una estela de corrupción, y prácticamente reducido a la nada desde el punto de vista político, por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, arrecian las presiones a varios de sus colaboradores por presuntos comportamientos ilegales.

Peña Nieto se obcecó con la protección a integrantes de su equipo que han sido señalados de ineptos o corruptos -o de ambas cosas-; una muestra de ello es que Gerardo Ruiz Esparza, el secretario de Comunicaciones y Transportes, sigue muy campante despachando desde su privilegiada posición  a pesar de la cloaca del Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos, donde murieron dos personas al caer su vehículo en un socavón provocado por una serie de fallas en el diseño, supervisión y ejecución de la obra,  según concluyeron especialistas.

 A la mencionada obra, inaugurada con bombo y platillo por el presidente Peña, el 5 de abril de 2017, se destinaron más de 2 mil 200 millones de pesos de inversiones públicas, de acuerdo con datos de Los Pinos. Ese día, el mexiquense presumió: el Gobierno de la República ha venido construyendo 52 autopistas en diferentes partes de nuestra geografía, “para tener una mejor infraestructura carretera que permita una mejor conectividad entre las distintas regiones del país, y que al mismo tiempo nos hagan un destino mucho más atractivo para quienes quieren invertir en México”. Tres meses después, la flamante obra lo hizo quedar en ridículo ante la opinión pública.

Mientras Peña Nieto soportaba la ignominia de ver colapsada una construcción a la cual llenó de elogios, Ruiz Esparza permanecía atrapado en una telaraña de mentiras, excusas y demagogia. Expertos demostraron que el Paso Exprés era de mala calidad y con gastos que no se justificaban. Así, la Auditoria Superior de la Federación detectó 22 irregularidades por más de mil millones de pesos en los contratos para el referido proyecto ejecutado por la propia SCT y dos empresas privadas, como lo documentó en febrero pasado Animal Político (https://bit.ly/2xBJ5KW).

Hoy, el Paso Exprés, continúa adoleciendo de fallas graves que los vecinos del lugar han denunciado ante los medios de comunicación. En tanto, Gerardo Ruiz Esparza, como responsable máximo de la dependencia encargada de verificar la funcionalidad y estándares de la construcción, debió haber sido removido por el Ejecutivo federal; pero eso no sucedió, se privilegió la amistad y los intereses.

Otro caso de la inmoral protección presidencial, quizás uno de los dos más representativos, es el de la señora Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de la Sedesol y actual titular de Sedatu, en cuya gestión supuestamente se desviaron 700 millones de pesos en efectivo. A pesar de que AMLO ha dicho que es sólo un “chivo expiatorio”, el cerco a su alrededor se estrecha inexorablemente.

No obstante la exoneración de López Obrador y el oprobioso “No te preocupes Rosario”, del 2013, parecen ser insuficientes para que la exjefa de Gobierno capitalino libre las graves acusaciones en su contra. Por lo pronto, el martes reciente, la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), presentó una denuncia penal en la Procuraduría General de la República, contra los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Universidad Autónoma del Estado de México y diversas empresas fantasma que resulten responsables del desvío de recursos públicos conocido como “La Estafa Maestra”, en la cual, se asegura, estaría involucrada Robles Berlanga.

Incluso, en esta semana, en el marco de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, por el presunto desvío de recursos públicos, se presentó un punto de acuerdo en el Senado para citarla a comparecer. La senadora Verónica Delgadillo, impulsora del documento, subrayó que el 11 de septiembre pasado se supo que “de los mil 900 millones asignados a ambas secretarías para financiar proyectos a 76 empresas, 708 millones de pesos se destinaron en efectivo a una red de oficinas y compañías fantasmas a través de un intrincado sistema de depósitos”.

El punto de acuerdo explica que las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a los recursos ejercidos durante 2014 y 2015, revelan que “tanto Sedesol como Sedatu simularon contratos con Radio y Televisión de Hidalgo (RTH), el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SCSI), la Televisora de Hermosillo (Telherm) y la Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQROO) para operar el desvío millonario.”

También especifica que Rosario Robles, como titular de la Secretaria de Desarrollo Social, fue señalada como una de las principales responsables de la llamada “Estafa Maestra”, por “contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos”. Así que, “Chayito” y compañía, a preocuparse, y mucho.

Dejamos pendiente por hoy, la “joya de la corona”, un tema que irremediablemente conduce directamente a la Residencia Oficial y que habrá de exacerbarse a partir del 1 de diciembre próximo: Odebrecht. En esto, la protección es evidente, grosera y burda. El caso lo abordaremos especialmente en otra entrega, lo amerita.

@BTU15

*Nota del Editor: Foto: Presidencia de la República*