La Ley de Seguridad Interior y los miedos del PRI-gobierno

La batahola de las últimas dos semanas en el Congreso a causa de los denigrantes jaloneos para discutir y aprobar la Ley de Seguridad Interior fue el marco donde aparecieron perversas complicidades de partidos e integrantes de las diversas fracciones parlamentarias. Con la fuerte oposición de organismos sociales, del sector de los llamados intelectuales “izquierdosos”, artistas  y la rasgadura de vestiduras de Morena, PRD y PT, finalmente el PRI mayoriteó para sacarla avante.

No obstante, aún queda mucha “guerra” por delante en el debate de la controvertida ley —objetada incluso por el alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU—,  pues ya surgieron amenazas de que será impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque primero habría que esperar a que sea promulgada por el Ejecutivo federal, tal como la envió el Poder Legislativo.

Pero la mencionada ley es al final sólo una parte del complejo y hasta hoy irresoluto rompecabezas de la violencia en México, que el gobierno no ha sabido cómo solucionar. El rotundo fracaso en la estrategia contra la criminalidad colocó en su momento al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, y actualmente al de Enrique Peña Nieto, contra la pared. Una pared cada vez más insuperable.

A pesar de los intentos —insuficientes e ineficaces a todas luces— de las Fuerzas Armadas por enfrentar a las bandas del crimen organizado, es evidente la urgencia de replantear la fallida táctica utilizada hasta la fecha. Y es en este panorama de inseguridad, sangre y toda clase de delitos al por mayor donde surge irremediablemente el sospechosismo por el aval a la Ley de Seguridad Interior.

Gestada a instancias del PRI-gobierno, es indudable que  dicha legislación trae consigo la mano dura del presidente Enrique Peña Nieto, exhibida y marcada ya por los condenables actos represivos en San Mateo Atenco, cuando era gobernador en el Estado de México. Así lo señalan críticos y detractores del mandatario y aprovechan para colocar más obstáculos y lastres a la ley en pleno proceso electoral, donde el PRI no las trae todas consigo, pues la ciudadanía está harta de la violencia, corrupción, abusos y escándalos del priismo.

Violencia y corrupción —en ese orden— han sido la constante durante el gobierno de Peña Nieto y factores decisivos para socavar la aprobación a la tarea presidencial. Diversas encuestas muestran la ira social por la incapacidad del equipo peñista para garantizar la elemental y necesaria seguridad a los ciudadanos; ninguna reforma estructural —de las presumidas por el Ejecutivo federal—, por necesaria que resulte, puede aplaudirse si no existe lo primordial: seguridad para cada mexicano.

Y el infierno de la inseguridad que cada día aterroriza y cobra cientos de víctimas a lo largo del territorio nacional, afecta de manera muy grave a otras actividades fundamentales de la actividad del país y pone en riesgo, además, la atribulada economía nacional, tal como lo advierte el Banco de México (Banxico) en su Reporte sobre las Economías Regionales, correspondiente al trimestre julio-septiembre de este año, dado a conocer el pasado viernes.

“Si bien las acciones de política monetaria y fiscal, en conjunto con las reformas estructurales y las medidas adoptadas para propiciar una mayor productividad, han contribuido a fortalecer los fundamentos macroeconómicos y a mejorar el funcionamiento de los mercados, un entorno de inseguridad pública y de falta de plena vigencia del estado de derecho impide que dichas condiciones se reflejen en mayor productividad, lo cual es, en última instancia, una condición indispensable para aumentar el ritmo de crecimiento de manera sostenible y, por lo tanto, de incrementar las remuneraciones laborales y el bienestar de la población”, afirma el Banxico.

Más clara no puede ser la alerta del banco central. Precisamente esa inseguridad y la ausencia del estado de derecho han exacerbado los “disgustos” sociales contra el PRI-gobierno, lo cual es una pésima señal para el viejo dinosaurio, a escasos seis meses de las elecciones presidenciales, visto que el electorado lo tiene bajo escrutinio y presto a cobrarle los “yerros”, como quedó de manifiesto en las urnas el 5 de junio de 2016, cuando perdió 7 de las 12 gubernaturas en disputa. 

Hoy, el Revolucionario Institucional está nuevamente en situación crítica ante los electores. La indeleble marca de la corrupción constituye un ominoso y pesado lastre complicado con la dantesca violencia que, lejos de ser abatida, llevará a que 2017 sea el más violento de la historia reciente. Por ello, corre el riesgo inminente de ser “echado” otra vez de Los Pinos. Algo que quieren evitar a toda costa.

Es, por lo tanto, en este contexto donde puede entenderse la desesperación del PRI-gobierno y sus aliados por aprobar la Ley de Seguridad Interior, que podría incidir —aseguran especialistas, expertos de la ONU, la CIDH y la propia CNDH— en el deterioro de los derechos humanos, pero sobre todo en la posible militarización de México, con el objeto de reprimir las protestas sociales y garantizar la permanencia del tricolor en el poder. Esto no podemos afirmarlo, ya que es evidente la politización en torno a la mencionada ley. Lo que sí podemos asegurar es que el proyecto careció de una discusión abierta, plena, profunda, plural y transparente a toda la sociedad. Prevaleció la opacidad.

@BTU15