Culiacán: el quiebre del Estado de derecho

De las instituciones del Estado mexicano, la Marina y el Ejército son de las mejor calificadas por la sociedad. Aun así, esta última ha sido objeto de humillaciones, vejaciones y agresiones provenientes de grupos “ciudadanos” patrocinados por bandas de la delincuencia organizada. El problema de fondo es que tienen órdenes de no responder a las agresiones, salvo en casos excepcionales y donde esté en riesgo la vida de los militares, esto, acota y demerita sus funciones de vigilancia.

Si bien la tarea primordial de las fuerzas armadas no incluye la citada vigilancia en las calles, para éste propósito y ante la corrupción e ineptitud de las policías municipales y estatales, fueron sacadas de sus cuarteles en el gobierno de Felipe Calderón. El desgaste por tan ingrata tarea está a la vista, soldados y marinos han sido acusados de excesos derivados de una función que no les corresponde. El costo, según informaciones periodísticas, fue en el 2018 de 11 elementos castrenses abatidos, mientras que a la fecha se estiman unos 15 caídos por disparos de miembros de la delincuencia.

Los capítulos de soldados capturados y sometidos de manera ignominiosa se volvieron recurrentes en los últimos años, particularmente en el actual gobierno morenista cuya filosofía de “no apagar el fuego con el fuego”, de “abrazos, no balazos, y la idea de amnistiar a criminales, terminó por envalentonar a los transgresores de la ley, basta con ver como reaccionaron los “huachicoleros” ante los operativos ordenados por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pero el episodio más vergonzoso para el Instituto armando durante la nueva administración, se dio el jueves pasado en Culiacán, Sinaloa, cuando en un operativo capturaron a Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de “El Chapo” Guzmán, al cual los soldados tuvieron que dejar en libertad luego de que fueron superados en número por pistoleros del Cártel de Sinaloa que pusieron en vilo a esa ciudad y por horas la colocaron en estado de sitio.

En medio del caos y la violencia generada por los integrantes del ese Cártel, que aterrorizó a la población culiacanense, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, cayó otra vez en una serie de mentiras y contradicciones para tratar de explicar el desastroso operativo.

Por la tarde del jueves, Durazo aseguró que una patrulla integrada por 30 elementos de la Guardia Nacional y la Sedena había sido agredida desde una casa cuando se encontraba realizando un patrullaje de rutina. Casualmente en la vivienda se encontraba Ovidio Guzmán. El funcionario fue desmentido: no hubo casualidad en la irrupción para detener al vástago de “El Chapo”, se trató de un operativo militar no de una operación “circunstancial”, así lo confirmó el viernes 18 en rueda de prensa el general secretario, Luis Cresencio Sandoval González: “una acción directa para la captura de un presunto delincuente al contar con orden de aprehensión provisional con fines de extradición”.  

Sandoval González calificó dicha acción como precipitada, mal planeada y con deficiente plan de acción. Los daños directos a integrantes de las fuerzas armadas dejaron saldo de siete elementos baleados, un oficial y ocho soldados retenidos -posteriormente liberados-, además la agresión al cuartel general de la 9° Zona Militar y al conjunto habitacional donde radican las familias de los militares.

Hoy, la parte medular de lo acontecido en Sinaloa no es siquiera el desastroso operativo de los militares, o si el presidente acertó o no al autorizar la liberación de Ovidio Guzmán para cesar la violencia en Culiacán y liberar a los elementos de las fuerzas armadas retenidos por el Cártel de Sinaloa. La discusión pasa necesariamente por el evidente sometimiento del Gobierno al grupo delincuencial en un entorno de violencia que abarca cada vez más zonas del territorio nacional.

En prácticamente una semana, 13 policías fueron masacrados en una emboscada en Aguililla, Michoacán, mientras que en Iguala, un enfrentamiento entre militares y presuntos sicarios dejó 15 muertos, entre ellos, un soldado. Esto sólo corrobora que el culiacanazo, no es un hecho aislado, que es una constante desde hace años en el país y que el gobierno actual tampoco sabe cómo enfrentarla. Una cosa es segura: la violencia no se va a terminar sólo con buenos deseos y frases religiosas. Los malhechores no están haciendo caso a sus abuelitas, ni éstas los están nalgueando.

Nadie duda de que el brutal golpe asestado en Culiacán al Ejército, es, sobre todo, una nueva grieta muy ancha y profunda al ya de por si pauperizado Estado de derecho y a la imagen de México en el exterior, aunque el convenenciero espaldarazo de Donald Trump al presidente pretenda sobrevalorarse. Los Estados Unidos son el principal proveedor de armas a las bandas criminales.

El título de una nota publicada el sábado último en el periódico español El País, parece definir con absoluta precisión lo que pasa en México: El narco impone su ley en Sinaloa y exhibe la debilidad del Estado mexicano (bit.ly/2W8B6Bb). Así es, la debilidad del Estado es alarmante y puede ser el camino más corto hacia un precipicio en que la sociedad entera puede caer irremediablemente.

*Nota del editor: Foto en portada: especial Internet*