Caso Chihuahua, nocaut al PRI

En una hábil maniobra, con el tema de los 900 millones de pesos retenidos al gobierno de Chihuahua por la Secretaría de Hacienda, el PAN y Ricardo Anaya Cortes colocaron al debilitado PRI contra las cuerdas. El partido tricolor semejaba a un adversario noqueado, de pie, a punto de caer.

La estrategia electoral de Anaya Cortés se ha basado en subrayar la profunda corrupción que impera en las filas del PRI-gobierno. Es decir, el Joven Maravilla ataca donde más le duele y hace daño al Revolucionario Institucional y a su precandidato a la Presidencia de la República, José Antonio Meade.

Así que no extraña en lo mínimo el plan orquestado por el panismo para que, desde el gobierno de Chihuahua, asestaran un golpe quirúrgico a la exigua credibilidad del partido oficial y sus altos jerarcas. Con pruebas irrefutables –eso asegura Javier Corral– demostraron los presuntos desvíos del erario a las campañas del Revolucionario Institucional en el 2016, y hasta metieron a la cárcel al exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, a quien señalan de ser el culpable.

Pero el tema, aunque de índole local, había que proyectarlo a nivel nacional, presionar eficazmente a través de los medios y, en ello, la retórica del mandatario panista ha sido determinante. Empujó al límite hasta que, a pesar de los intentos tricolores por descalificarlo y luego de la Secretaría de Hacienda por negar los reclamos monetarios de Corral Jurado, el enojo social se convirtió en un poderoso aliado para ir en contra de un agobiado dinosaurio atrapado en las redes de la corrupción.

Y los máximos jefes del priismo en Los Pinos saben el peligro latente por el caso Chihuahua. Conocen también que el escándalo y las responsabilidades pueden escalar hasta lo más alto. Por eso tuvieron que aceptar prácticamente sin chistar las exigencias del panismo, en voz de Javier Corral. Por ello, la nomenclatura del PRI dobló las manos y agachó la cabeza; están conscientes de la culpabilidad; están conscientes que los tomaron con los dedos en la puerta. Esta vez ni las manos metieron.

Todo lo anterior confirma las suspicacias generalizadas: César Duarte, antecesor de Corral, habría ordenado el desvío de dinero público a las mencionadas campañas priistas. Y esto se conecta irremediablemente con el hecho de que Duarte Jáquez –quien acumula al menos diez órdenes de aprehensión– no haya, hasta hoy, pisado la prisión. La protección es evidente, eso es vox populi.

Cuando los panistas se dieron cuenta de que el PRI había reculado, que carecía de argumentos para refutar las acusaciones de los mencionados desvíos, entonces, ya con la puesta en marcha de la Caravana por la Dignidad, reclamaron también la detención inmediata de César Duarte –enemigo acérrimo de Javier Corral–, quien a pesar de la ficha roja “extrañamente” continúa prófugo.

Finalmente, bajo tan peligrosas circunstancias, al PRI-gobierno no le quedó otro camino; con un candidato a Los Pinos ubicado en un distante tercer lugar de las preferencias electorales, el escándalo por el tema Chihuahua sólo estaba contribuyendo a que los obstáculos para José Antonio Meade crecieran aún más. La decisión no podía postergarse. El peligro crecía. Había que actuar.

Sucedió el sábado pasado: Javier Corral fue llamado a la Secretaría de Gobernación. Ahí se reunió con Alfonso Navarrete Prida, titular de la dependencia, quien dijo a los medios: “En la reunión se tuvo un diálogo franco, respetuoso, directo y claro, buscando solucionar el diferendo que en este momento tiene el gobierno del estado de Chihuahua y el Gobierno Federal en diversos temas, llegándose a los siguientes acuerdos y compromisos”, y ahí hizo oficial la claudicación del gobierno.

  • El gobierno federal se comprometió a la entrega inmediata de los recursos convenidos, que ascienden a 900 millones de pesos, mismos que deberán formalizarse esta semana.
  • Por su parte, la Procuraduría General de la República llevará a cabo las solicitudes de detención inmediata con fines de extradición en contra del exgobernador César Duarte Jáquez, con el objeto de garantizar celeridad y certeza en la impartición de justicia.

La aceptación gubernamental de las exigencias impuestas desde la cúpula blanquiazul es tácitamente un reconocimiento a los señalamientos de las desviaciones ilegítimas del dinero aportado por los contribuyentes y se suma, en años recientes, a las vastas corruptelas de otros distinguidos integrantes del priismo, como los son Javier Duarte, Roberto Borge, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández. Hoy, el fuego se apagó desde Insurgentes y la Casa Presidencial con base en billetazos y la promesa de cortarle la cabeza a un consentido: César Duarte Jáquez.

@BTU15

*Nota del Editor: Foto: SEGOB*