¿“Autoflagelarse” o aceptar un mal gobierno?

México vive una de las etapas más convulsas de su historia moderna. La violencia sin precedente que ha dejado miles de cadáveres en las calles y cientos de fosas clandestinas es una muestra irrefutable del nivel de descomposición y mal gobierno que, en sus tres niveles, padecemos.

Es cierto que el actual gobierno federal se ha esmerado en mantener a flote las variables macroeconómicas, lo cual ha logrado de forma parcial pero insuficiente. Sería necio no reconocer que el país no se está cayendo a pedazos, que en general hay estabilidad financiera. Esto se da, de cierto modo, inercialmente. No obstante, los peligros a la industria, al empleo y a las inversiones acechan cada vez con mayor ferocidad. La falta del estado de derecho pleno trae efectos nocivos.

No existe otra explicación que no sea la de la anarquía para intentar comprender por qué ciertas empresas decidieron cerrar víctimas de extorsiones, cobros de piso, atentados a sus instalaciones, unidades de reparto o a sus trabajadores. En palabras llanas, esto sucede cuando un gobierno es incapaz y negligente para garantizar seguridad a todo ciudadano y ente económico.

Pero la realidad, para la inmensa mayoría de la población, no se concreta al infierno de la inseguridad. Tiene, asimismo, diabólicos tentáculos que asfixian cotidianamente: pobreza, desigualdad, falta de empleos dignos y bien remunerados,  y la ausencia de justicia pronta y expedita sin distinciones; estos son algunos, a los cuales debe agregarse un dólar cercano a los 21 pesos, el brutal gasolinazo y los despiadados incrementos al gas LP y no pocos productos de la canasta básica.

Sin embargo, lo más deleznable en la perniciosa cadena de pasivos que arroja el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto es la horrorosa y vulgar corrupción que lo ha caracterizado. Quizá uno de los gobiernos cuyos señalamientos por corruptelas podría implantar un nuevo récord.

“La corrupción afecta la calidad del quehacer gubernamental, entorpece las políticas de desarrollo y disminuye la confianza ciudadana”, aseguró la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez —senadora priista con licencia—, al rendir su informe de labores ante los senadores, el pasado 28 de mayo.

Y Arely Gómez —no sabemos si consciente o simplemente, sin pensarlo, escupió al cielo— dijo una verdad absoluta. De la corrupción gubernamental nacen prácticamente casi todos los graves males que torturan a México y sus habitantes. En ésta encontramos el génesis de la impunidad, de la reincidencia, de las fortunas “inexplicables” de gran parte de los funcionarios, del contratismo, de los moches, del amiguismo, del nepotismo y de los nexos de algunos políticos con grupos criminales.

Los dignos ejemplos de la nueva clase del PRI, como definió Enrique Peña Nieto —entonces candidato presidencial del tricolor— a Javier Duarte, Roberto Borge y César Duarte, junto con Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, devenidos en auténticos pillos, depredadores de los recursos públicos, son fiel reflejo de la podredumbre que, en general, suele producir la abusiva clase política mexicana.

Por ello, aunque el oficialismo insista en pregonar a los cuatro vientos que México avanza en el camino correcto hacia la modernidad y la añorada e impostergable prosperidad, los datos duros muestran la implacable y avasalladora verdad social en la república mexicana. Los 53 millones de pobres, la millonaria cantidad de connacionales que sobreviven en el sector informal —aun aquellos que deben emigrar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de vida—, el inaceptable número de jóvenes excluidos del sistema público educativo y, sí, el exasperante derroche de dinero proveniente del presupuesto público en partidos políticos y campañas electorales que todo mundo repudia por inservibles, onerosas y agresivas, son un lastre para una nación con tantas carencias. 

Así que resulta un despropósito —por decir lo menos— que el titular del Ejecutivo acometa con el calificativo de “autoflageladores” a quienes critican los resultados de su gobierno. De modo alguno, es autoflagelarse —palabra inexistente para la Real Aacademia Española— cuando no se cuenta con un trabajo formal cuya remuneración sea suficiente, cuando en esa actividad informal se carece de seguridad social, cuando las dichosas pensiones del IMSS o ISSSTE son un verdadero insulto, o si en el deficiente e inseguro transporte público se arriesga la vida al ser asaltado, y si las calles son campo propicio para que la delincuencia opere impunemente, mientras que el crimen organizado impone sus leyes, aun cuando para ello ejecutó a más de un centenar de aspirantes políticos en lo que ha transcurrido del presente proceso electoral, incluso si masacró a docenas de periodistas.

No. En México ningún ciudadano es proclive al “autoflagelo”. A lo que se es desesperantemente ansioso es a tener algún día un gobierno digno, capaz, honesto, alejado de temas oprobiosos y deshonrosos. ¿Cuáles? La Casa Blanca, Odebrecht, La Estafa Maestra y la protección a personajes siniestros, como Emilio Lozoya Austin, César Duarte y la nefasta Rosario Robles Berlanga.

@BTU15     

*Nota del Editor: Foto: Presidencia de la República*