El aborto y la Suprema Corte

Abordar el tema del aborto en muy complejo per se. Hacerlo en México donde la gran mayoría de su población es católica, lo es aún más. Las implicaciones sociales, jurídicas, éticas, morales y de salud plantean dilemas sumamente profundos. Al respecto, la sociedad mexicana ha sido tradicionalmente conservadora en extremo. Durante siglos ha sido un tabú en las familias.

Por eso es que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al declarar inconstitucional la criminalización del aborto, es un hecho histórico y de trascendencia tal que pronto le dio la vuelta al mundo. Hoy, el país también está dividido al respecto. Según encuesta de El Financiero, el 53% de los consultados está en contra del derecho al aborto, mientras 45% lo apoya. (bit.ly/3BWgTlI).

El aborto, cualquiera que sea la causa, no es una decisión fácil para la mujer. Las consecuencias son muchas y perniciosas. Van desde lo estrictamente físico, pasando por daños psicológicos, hasta el estigma familiar y social. Increíblemente, en varias entidades de la república mexicana se castiga con severidad a quien aborta, sin importar la causa de éste. Es evidente que las leyes para sancionarlo se quedaron rezagadas. Así que la resolución de la Corte simplemente se pronuncia por primera vez “a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales”. Para muchos ciudadanos, es un ansiado derecho de las mujeres.

Desde luego que la sentencia de la SCJN no está exenta de controversia social. Hay grupos conservadores que en pleno siglo XXI la ven como una agresión a la moral y la vida. En tanto otros sectores de la población celebran que sea la mujer quien decida sobre su cuerpo. Ambas posiciones, todo indica, son irreconciliables. Pero más allá de motivos religiosos hay otras variables presentes.

Hasta hoy, en no pocos sitios del país, particularmente en regiones con mayores niveles de atraso y pobreza, las condiciones en que una mujer aborta están muchas veces plagadas de insalubridad e inseguridad que ponen en riesgo su vida. El número de mexicanas que fallecen por esa causa no es menor. Por eso es que además de la arista legal, el aborto debe ser tratado por el gobierno como un problema de salud que, en consecuencia, debe ser atendido de manera integral.

Por lo pronto, el gobierno de Coahuila, a quien la Corte declaró inválido su artículo 196 del Código Penal estatal, que establecía “pena de prisión a la mujer que voluntariamente practicara su aborto o a quien la hiciere abortar con el consentimiento de aquella, pues vulnera el derecho de la mujer y de las personas gestantes a decidir”, ordenó la liberación de mujeres presas por abortar.

El tema, por su delicadeza, tendrá amplias repercusiones y los posicionamientos habrán de manifestarse en los próximos días y semanas. En algunos casos habrá un silencio prudente, convenencieramente correcto, como el del presidente López Obrador quien, acostumbrado a opinar de todo, esta vez se abstuvo de tomar partido:

“Esta es una decisión del Poder Judicial, de la Suprema Corte, que fue prácticamente unánime, que debe de respetarse, que no debemos nosotros, en mi caso, tomar partido porque hay posturas encontradas, entonces que yo no debo en este caso pronunciarme más que en favor de lo que ya resolvieron los ministros de la Suprema Corte”, precisó el mandatario.

Lo que resulta incontrovertible es que la resolución de la Suprema Corte es un parteaguas en México al brindar seguridad jurídica a la mujer que decide recurrir al aborto. El acto pretende establecer un marco donde la mujer no sea revictimizada, eso es plausible. Los motivos son personales en casi todos los casos y así deben respetarse. La persona que decida hacerlo, sólo habrá de dar cuentas a ella misma.

@BTU15 

*Nota del editor: foto en portada: BTU*