A 60 días del arribo a Palacio Nacional

La  estrategia gubernamental contra el robo de hidrocarburos, que si bien tiene el apoyo cuasi unánime de la población, es evidente que ha originado enormes costos en todos los sentidos. Estados como Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes y Michoacán, por mencionar algunas regiones, padecen fuertes mermas económicas por la escasez de combustibles en mayor o menor medida.

Pese a lo anterior, el presidente López Obrador de hecho ha salido incólume de lo que se vislumbraba como el primer traspié político que le provocaría terribles dolores de cabeza. El combate al huachicol, de manera increíble, fue avalado prácticamente por amplios sectores que apoyan al mandatario. La popularidad del tabasqueño permanece inamovible tras dos meses de arribar al poder.

No obstante, de acuerdo a la Coparmex-Aguascalientes, al 18 de enero pasado, las pérdidas causadas por el desabasto de gasolinas en la entidad hidrocálida, en conjunto con Guanajuato y Querétaro,  se calculan en más de mil 300 millones de pesos. Además, los empresarios advirtieron de que la inversión extranjera directa (IED) pudiera salir del Bajío por los problemas de abastecimiento aunados a la recurrente inseguridad (El Economista https://bit.ly/2MnzIpp).  

Sin embargo, a pesar de la alta popularidad presidencial, las preocupaciones en Palacio Nacional no están reducidas a la carencia de hidrocarburos en determinadas áreas de la república mexicana; el muy rentable huachicoleo tiene  raíces abismales en determinados núcleos de la población que han encontrado en ello un riesgoso, pero lucrativo modus vivendi. Más allá de las implicaciones del crimen organizado en el asalto a los ductos de Pemex, el mayor reto para el Ejecutivo federal estriba precisamente en evitar que la base social de los delincuentes participe en el ilícito.

El reto, dadas las condiciones estructurales de México, parece, a primera vista, imposible. Los programas asistenciales instrumentados por el gobierno federal y las promesas de acabar con la pobreza en el país son precisamente eso: ofertas utópicas y electoreras. Los 53 millones de pobres en esta aguantadora nación precisan de algo más que dádivas gubernamentales. Requieren puestos de trabajo bien pagados, educación de calidad, sistema de salud eficiente, seguridad, y un estado de derecho sin discriminaciones ni simulaciones.

Y a las evidentes resistencias políticas hay que agregar las de los poderosos grupos fácticos que chocan con las ideas y proyectos de AMLO. Un ejemplo de lo primero es el encontronazo con la cúpula del Poder Judicial y la alta burocracia de organismos considerados autónomos, por ejemplo, el INE e INAI, que han mostrado mucha rebeldía en contra de la “austeridad republicana”.

Otra muestra de esas organizaciones reacias a someterse a la autoridad presidencial, es la CNTE. La disidencia magisterial, mejor dicho sus líderes, que desde hace tiempo encontraron en el chantaje, los bloqueos de vialidades, plantones, virulentas marchas en la ciudad capital y donde sea necesario, así como destrucción de propiedad pública y privada, el camino seguro para obtener cuantiosos recursos provenientes del erario y una serie de prebendas generalmente injustificadas.

Michoacán sufre hoy los desmanes  –léase conductas delictivas- de la Coordinadora de Maestros que, pretextando adeudos por más de 6 mil millones de pesos del gobierno, tiene bloqueadas en siete puntos, desde hace dos semanas, vías del ferrocarril en la entidad. A consecuencia de esto, según informó la Concamín, hay un millón y medio de toneladas de mercancía inmovilizada, ya que más de 170 trenes cargados (y vacíos) con cemento, granos, combustibles, acero, hierro y otras materias primas, incluso gasolina, están varados en otras entidades y puntos fronterizos del país a la espera de que los integrantes de la CNTE permitan el paso. Ahí está el desafío a López Obrador.

Resulta evidente que la dirigencia de la CNTE -que apoyó a AMLO en la campaña- ya le tomó la medida al timorato gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles –quien en plena crisis por falta de gasolina y el bloqueo de la Coordinadora, se fue a España- y ahora pretende hacer lo mismo con el gobierno de López Obrador, ya que éste insiste en la filosofía del “amor y paz” y de perdonar a cuanto granuja infrinja la ley, no importa que dañe a la planta industrial y pisoteé las leyes.

Desde luego que otra clase de agrupaciones también mete presión con el propósito de llevar agua a su molino. Es el caso de la Iglesia católica, cuya jerarquía usualmente ha sido beneficiaria de las cercanías con el  poder en turno. Así que no es sorpresa alguna la retórica dispensada este domingo en la misa del mediodía en la Catedral de la Ciudad de México, por monseñor Jorge Palencia, quien en ausencia del arzobispo, Carlos Aguiar Retes, llamó al pueblo -¿al bueno y sabio?- a no hacerse “tonto” creyendo que las transformaciones pueden venir de otro hombre, igual a nosotros. ¡Uf!

“Pero en la profundidad de nuestras entrañas, de nuestro corazón y de nuestra mente, muchas veces lo que buscamos es manipular, dirigir o simple y sencillamente despreciar a los demás dando la apariencia de que yo lo hago todo, yo sé hacer todo o lo resuelvo todo”, subrayó el clérigo en una indirecta sin nombre aparente pero con un destinatario que odia la violencia y la venganza.

A punto de cumplir 60 días en Palacio Nacional, un poco más de firmeza, sin caer en la imposición ni arbitrariedad, ajustándose estrictamente al marco jurídico, caería bien al señor Presidente. La anarquía termina por engullir al anarquista, cierto, pero también a quien la permite.

@BTU15

*Nota del Editor: Foto: lopezobrador.org.mx*