Cinco modalidades para reducir el financiamiento de los partidos políticos, propone Luis Carlos Ugalde

El enojo social por el gasolinazo ha detonado propuestas para reducir el dinero de los partidos políticos. Luis Carlos Ugalde, ex presidente del IFE y actual director general de Integralia Consultores, propone cinco modalidades para lograrlo.

Desde una perspectiva técnica y operativa, es muy fácil reducir el financiamiento público de los partidos políticos: simplemente se cambia la fórmula establecida en la Constitución y se modifican las leyes secundarias. A diferencia de otros objetivos de política pública, este es sencillo de implementar: basta con que el Instituto Nacional Electoral (INE) —con base en una nueva fórmula— cambie los montos de las ministraciones y reduzca las transferencias mensuales a los partidos. Hay cinco rutas que pueden seguirse.

1. Cambiar la fórmula del financiamiento para actividades ordinarias de los partidos. En la reforma electoral de 2013 se estableció que el monto se obtendría al multiplicar el 65% del salario mínimo por el número de inscritos en el padrón electoral. Ese porcentaje se podría reducir, por ejemplo, a 50 o 40 por ciento. Si en 2017 la bolsa para partidos es de 3,940 millones de pesos, con un factor de 40% sería de 2,425 millones, eso es, se ahorrarían 1,515 millones de pesos. El senador Francisco Búrquez (PAN) presentó una iniciativa de ley que propone un porcentaje no mayor al 30% del salario mínimo, con lo cual se ahorrarían 2,122 millones, es decir, más del 50%.

2. Una vía alternativa o complementaria es modificar la otra variable de la fórmula: el tamaño del padrón. El universo de votantes relevante es la lista nominal, compuesta por quienes efectivamente cuentan con credencial para votar (el padrón cuenta actualmente con poco más de 83 millones de ciudadanos, mientras que la lista nominal registra 81.8 millones). Si se usase esta última, la reducción sería de 57.9 millones de pesos en 2017.

3. Una modalidad interesante es usar el número de votantes de la última elección en lugar del total de empadronados. Se argumenta que así se incentivaría que los partidos promuevan la participación electoral. En el esquema actual el abstencionismo no castiga a nadie puesto que los partidos reciben sumas crecientes de dinero año con año al margen del número de votantes que ejercen el sufragio. Si se usase esta modalidad, según la votación total emitida en la elección federal de 2015 (39.87 millones de votos), el financiamiento a partidos nacionales en 2017 sería de 1,893 millones de pesos (en comparación con los 3,940 millones actuales), eso es, una reducción de 2,047 millones. Esta modalidad fue propuesta recientemente por Manuel Clouthier y Pedro Kumamoto, ambos diputados “independientes”, uno federal por Sinaloa y el otro local por Jalisco.

Un riesgo de esta modalidad serían los movimientos anti-partidos que usasen el abstencionismo para quitarles dinero y de esa forma iniciar un círculo vicioso que acabase por debilitar al sistema de partidos. La democracia requiere partidos fuertes (claro, que rindan cuentas y que actúen con legalidad), pero un mecanismo que aliente “no votar” en lugar de la participar podría ser un arma letal para la democracia mexicana. Una alternativa para disuadir el boicot de corto plazo sería usar una tasa ponderada de las últimas tres elecciones; otra, estimular premios en lugar de castigos: eso es, establecer una bolsa de financiamiento con base en el 40% de la lista nominal, pero luego aumentarla si la tasa de participación de la última elección supera tal umbral o si es mayor que la elección previa. Si es menor, no hay castigo.

4. La cuarta modalidad para reducir el financiamiento, en este caso en especie, que reciben los partidos es a través del tiempo aire gratuito para difundir propaganda mediante spots (su valor comercial representa decenas de miles de millones de pesos). Nada hay gratis bajo el sol y esos spots tienen un costo de oportunidad —con frecuencia los gobiernos tienen que desembolsar dinero para su propaganda institucional durante años electorales porque casi todos los tiempos de Estado se ponen al servicio de los partidos—. Reducir las asignaciones de tiempo aire ahorraría recursos públicos y dejaría de saturar a los televidentes de la oleada de promocionales que en ocasiones genera más antipatía que información útil para ejercer el voto.

5. Finalmente, también es necesario reducir el financiamiento de los partidos en el ámbito estatal. Con la reforma electoral de 2013, las entidades tuvieron que homologar sus leyes locales con la federal. Como en esta se estableció una nueva fórmula para calcular la bolsa (65% por el número de inscritos en el padrón electoral), las entidades cambiaron sus fórmulas locales y ello significó —según una estimación de Integralia Consultores— un alza de 53% en el financiamiento a los partidos con registro estatal.1 Algunas entidades tenían un factor del 20%, por la que ahí su financiamiento aumentó significativamente. Otras tenían factores del 30 o 40%; solamente tres tenían factores superiores al 65%. Si los partidos —sin justificación política u operativa, salvo un mandato de reforma— aumentaron su financiamiento estatal promedio en 53% entre 2014 y 2015, ¿acaso no podría revertirse tal esquema para reducir a la mitad dicho financiamiento?

Para cambiar la fórmula en los estados hay dos caminos. Uno, que se reforme la Constitución federal y la Ley General de Partidos Políticos y se mandate a los estados replicar la nueva fórmula federal. Dos, que se deje en libertad a cada entidad para decidir su fórmula de financiamiento y así detonar una discusión local que implique responsabilidad política.

¿Y cuáles son los beneficios de reducir el financiamiento a los partidos?

Primero, recuperar la legitimidad de la clase política. La percepción de abuso, privilegios y corrupción que existe en la sociedad mexicana respecto a sus gobernantes es un impedimento cada vez mayor para que los ciudadanos acepten de forma voluntaria decisiones de gobierno —por ejemplo, el gasolinazo—. Una nueva gobernabilidad democrática basada en la legalidad y la legitimidad —no en el clientelismo o la hegemonía de un partido político— requiere que la clase gobernante ponga el ejemplo y se ajuste al cinturón igual que los gobernados. No es un asunto de pesos y centavos —los ahorros que aquí se enumeran son insignificantes, por ejemplo, frente a la magnitud del dinero que se requeriría para subsidiar la gasolina en 2017: 200 mil millones de pesos

Segundo beneficio, fortalecer a los partidos políticos. Si en los años noventa se requería dotarlos de más dinero para que hubiese más competencia, el exceso de dinero los ha burocratizado. Los partidos se convirtieron en administradores de “vacas gordas”, según expresión de Jorge Alcocer, después de décadas de haber sobrevivido con poco dinero pero con mucha convicción, sacrifico y trabajo voluntario. Con el dinero en abundancia empezó el ciclo destructor de la mística de la lucha opositora. Según el mismo Alcocer, “el dinero en exceso pudrió a los partidos”.2

Tercero, el beneficio presupuestario, aunque reitero, no es el asunto principal. Un recorte a los partidos nacionales puede significar, digamos, hasta 1,500 millones de pesos (insignificante frente a la recaudación del IEPS a bebidas azucaradas que en 2016 se estimó en 21 mil millones de pesos). No obstante, si se suman los ahorros que podría haber al financiamiento estatal y se hiciera también una reingeniería para desburocratizar a los organismos electorales (institutos, fiscalías y tribunales), lo cual requeriría una nueva reforma electoral, el ahorro podría ser significativo. En 2015 el costo presupuestario de la democracia electoral mexicana (financiamiento de partidos nacionales y estatales y de autoridades electorales nacionales y estatales ascendió a 34,505 millones de pesos). ¿Cuánto de ese monto podríamos ahorrar con un nuevo modelo de organización y de financiamiento electoral?

La facilidad operativa para reducir el financiamiento público de los partidos políticos contrasta con su dificultad política: los partidos se han vuelto adictos al dinero público y —salvo el Partido Verde— han creado burocracias abundantes y cadenas de operadores que requieren fondos para existir. Algunos partidos que otrora eran mecanismos de lucha o de denuncia de la corrupción del gobierno, se han burocratizado y viven ahora del confort del presupuesto.3

Como argumento en “Democracia a precio alzado”, “la solución no consiste en desaparecer el financiamiento público, obviamente, sino en mantenerlo pero repensando sus objetivos y recalculando sus montos. Requiere que los principales beneficiarios de la danza de los millones se ajusten el cinturón. Requiere reducir el confort de los partidos para que se comporten como partidos y sean actores de lucha política, no agencias de colocación de personal. Requiere quitarnos las gafas de los años noventa y ponernos nuevas para discutir con seriedad una nueva reforma electoral base cero”.

Finalmente, el costo presupuestario más dañino es oculto y tiene que ver con el desvío de recursos públicos que han hecho muchos gobernadores de todos los partidos en los últimos años para beneficiar a sus partidos. Eso no se resuelve con fórmulas sino simplemente con una fiscalización oportuna de las cuentas públicas por parte de los poderes legislativos y de las contralorías estatales.

*Fuente Integralia Consultores*

**Autor: Luis Carlos Ugalde**
@LCUgalde

1Ver Integralia, Central Política suplemento publicado en El Financiero, 31 de marzo de 2016.

2Luis Carlos Ugalde, “Democracia a precio alzado”, en Nexos, agosto de 2015.

3Op. Cit.