Cárcel hasta por seis años a quien expida, venda, o compre facturas falsas

El Congreso avaló sancionar con penas de tres a seis años de prisión a quien expida o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Asimismo, autorizó sanción de tres meses a seis años de prisión a quien adquiera dichos comprobantes y que incurra en tales conductas ilícitas.

La evasión de impuestos, está comprobado, reduce el potencial de recaudación de cualquier gobierno. “Cuando un contribuyente incurre en ciertas acciones de este tipo es ineludible que debe ser sujeto a sanciones por parte de las autoridades correspondientes”, aseguró la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en San Lázaro, Patricia Terrazas Baca.

Agregó que en los últimos años se ha incrementado el número de empresas que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas, mismos que se han utilizado con el fin de obtener beneficio ilegal.

Terrazas Baca expresó que la gravedad de la evasión fiscal perpetrada a través de la compra-venta de facturas, genera competencia desleal, la cual a largo plazo provoca que la carga tributaria recaiga solo en los contribuyentes cumplidos.

José Rigoberto Mares Aguilar, diputado del PAN, precisó que según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la evasión y la elusión fiscal ascienden a un billón de pesos anuales, lo que representa entre 3 y 4 puntos del Producto Interno Bruto (PIB). Además, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente afirma que la estimación podría alcanzar los dos billones de pesos anuales, es decir el 8 por ciento del PIB.

De acuerdo con el Banco Mundial, México se ubica entre los países más afectados por la evasión de las empresas, lo cual coincide con las estimaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) al detectar 10 mil empresas en todo el país dedicadas a la doble facturación.

La reforma aprobada este lunes en la Cámara baja permitirá que las autoridades fiscales consoliden el control sobre operaciones de los contribuyentes y pretende poner un alto a las operaciones financieras de dependencias públicas con empresas fantasmas en todos los órdenes de gobierno.

*Nota del Editor: Foto: BTU*